Gripen para Colombia: modernización necesaria, narrativa equivocada
La decisión del Gobierno colombiano de cerrar un contrato por 16,5 billones de pesos para adquirir la nueva flota de aviones de combate Gripen —con entregas previstas entre 2027 y 2032— marca el inicio del fin de una era para la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Tras 36 años de servicio, los Kfir israelíes, adquiridos en 1989, dejarán de operar en 2026, un límite técnico que los comandantes venían advirtiendo desde hace años. Su obsolescencia y la imposibilidad de conseguir repuestos —cuya fabricación terminó en 1996— hicieron inevitable su retiro.
En lo técnico, la transición es coherente. Los 22 Kfir fueron determinantes durante décadas en misiones de interdicción y bombardeo contra organizaciones armadas ilegales, pero su mantenimiento se volvió un desafío titánico y cada vez más costoso. El salto hacia los Gripen, desarrollados por el consorcio sueco IG-JAS, responde a estándares contemporáneos. Aunque el paquete inicial contempla 16 aeronaves por 2.000 millones de euros (unos 9 billones de pesos al cambio actual), el valor total ascendió a 16,5 billones, incluyendo logística, armamento y soporte. Desde el punto de vista técnico, la decisión es razonable.
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El problema no es el avión. El problema es el relato.
En marzo de 2021, el entonces senador Gustavo Petro aseguraba que “la compra de aviones en medio de una crisis es el máximo grado de irresponsabilidad”, y denunciaba que invertir en aeronaves equivalía a “preferir bombardear niños” en lugar de “salvar vidas”. Hoy, como presidente, sostiene exactamente lo contrario: que la compra es un acto de responsabilidad histórica, que Suecia garantiza cero corrupción y que esta adquisición permitirá que “nadie se atreva a amenazarnos ni afuera ni adentro de Colombia”.
El contraste no solo es evidente: es abrumador. Lo que hace cuatro años era una “irresponsabilidad”, hoy se presenta como un hito tecnológico y moral. Y resulta llamativa la reacción de sectores progresistas que en 2021 encendieron el debate público ante la posibilidad —finalmente fallida— de que el gobierno de Iván Duque renovara la flota. Lo que antes era un despilfarro, ahora es celebrado sin reparos.
Colombia necesita aviones. Lo que no necesita es incoherencia.
Conviene, además, recordar los tiempos: aunque el Gobierno celebra la firma del contrato como un logro inmediato, los primeros Gripen llegarán en al menos 18 meses y la flota completa estará disponible hacia 2032. Es decir, la anunciada narrativa de seguridad reforzada no tendrá efectos tangibles durante esta administración.
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La situación fiscal del país tampoco es menor. La compra se firma en medio de crisis simultáneas: tensiones en el sistema de salud, desfinanciación del aseguramiento, alertas sobre el sistema eléctrico, caída de la inversión y un déficit creciente. Defender una inversión militar de esta magnitud no es ilegítimo, pero exige un nivel de coherencia y transparencia que el Gobierno no ha mantenido en otros frentes.
A esto se suma la retórica presidencial. Petro afirmó que Colombia está adquiriendo tecnología “tan avanzada que nadie se atreverá a amenazarnos”. Sin embargo, el comentario —que sugiere una postura desafiante— no solo es diplomáticamente torpe: es técnicamente ilusorio.
Mientras Colombia espera sus Gripen, Estados Unidos avanza con el F-47, sucesor del F-22 y pieza central del programa Next Generation Air Dominance (NGAD). Es un caza de sexta generación, diseñado para operar con drones autónomos, con velocidad estimada de Mach 2, alcance superior a 1.800 km y capacidades furtivas inéditas. La Fuerza Aérea estadounidense planea adquirir 185 unidades, un salto tecnológico que confirma que la superioridad aérea global seguirá en manos de Estados Unidos.
Frente a ese panorama, insinuar que Colombia —con 16 Gripen y entregas que apenas iniciarán en 2027— será un actor disuasivo “que nadie se atreverá a amenazar” es, cuando menos, irreal. Más aún cuando la región no enfrenta amenazas aéreas interestatales de gran escala.
La modernización es sensata. Lo que no es sensato es presentar un avance técnico como una épica geopolítica, ni sugerir que la compra sitúa al país en un plano estratégico cercano al de potencias que desarrollan cazas de sexta generación.
La renovación era urgente, sí. Pero Colombia merece un debate honesto, no uno construido sobre contradicciones, grandilocuencias y discursos diseñados para el aplauso fácil.
Modernizar la Fuerza Aeroespacial es un paso necesario. Hacerlo con coherencia narrativa sería, también, un signo de madurez democrática.
