Bogotá, septiembre 3 de 2025.
La Contraloría General de la República advirtió que los Planes Departamentales de Agua (PDA) continúan sin cumplir su propósito central de llevar servicios de acueducto y saneamiento básico a las zonas con mayores rezagos del país. Tras culminar auditorías de cumplimiento correspondientes al primer semestre de 2025 en Antioquia, Santander, Bolívar, Sucre, Guainía y Guaviare, el órgano de control estableció 14 hallazgos fiscales que superan los $14.290 millones, cifra que refleja fallas persistentes en planeación, contratación y ejecución de los proyectos.
Estas auditorías se suman a los controles realizados desde el año 2020 a los PDA en distintos departamentos del país, los cuales han dejado al descubierto un acumulado de hallazgos fiscales por más de $259.460 millones.
Brechas que persisten
Aunque los PDA nacieron como una estrategia para cerrar brechas en el acceso al agua potable y saneamiento básico, especialmente en áreas rurales, los avances siguen siendo insuficientes. La cobertura de acueducto urbano supera hoy el 92%, pero en zonas rurales apenas llega al 43,38%, lo que mantiene a más de 10 millones de personas sin un servicio seguro y confiable. El panorama del alcantarillado es todavía más crítico: la cobertura rural no alcanza el 16%, con una brecha urbano-rural cercana a 70 puntos porcentuales.
Gestión desigual y demoras en proyectos
La Contraloría consolidó información con los gestores PDA de los 32 departamentos y encontró que el 12,5% de los municipios aún no está vinculado a la estrategia debido a limitaciones técnicas y de gestión. Además, persiste una marcada desigualdad territorial: Cundinamarca reporta más de 1.500 proyectos activos, mientras que regiones como Vichada, Risaralda o Putumayo suman menos de 20.
De los 5.281 proyectos reportados, 389 están suspendidos, 29 en litigios y 8 aparecen como incumplidos, lo que evidencia fallas en seguimiento y control.
Los hallazgos por departamento
En Antioquia, los hallazgos fiscales superan los $8.700 millones. En Nechí, la entidad detectó un detrimento de $4.987 millones por obras que no garantizan la prestación efectiva de agua potable y saneamiento. En Anzá, se presentaron pagos por $3.644 millones sin que se cumpliera el objeto contractual, reflejando deficiencias técnicas y fallas de supervisión.
En Santander, los hallazgos sumaron más de $2.200 millones. En Curití, uno de los casos más graves, se encontraron $1.314 millones en estructuras de una planta de tratamiento de aguas residuales con deterioro avanzado, poniendo en riesgo su funcionamiento. En Florián se pagaron $739 millones por suministros y equipos no instalados; y en Barichara, se detectaron pagos por $175 millones sin verificaciones técnicas.
En Bolívar, la ampliación del alcantarillado de San Cristóbal —recibida y liquidada— no opera por fallas estructurales, lo que ocasiona un detrimento por $1.433 millones.
En Guainía, los hallazgos superan $1.455 millones por obras inconclusas y pagos sin soporte, situación agravada por la dispersión territorial y la alta presencia de comunidades indígenas.
En Sucre y Guaviare, los hallazgos ascienden a $364 millones y $95 millones respectivamente.
Un modelo que requiere transformarse
Para la Contraloría, los resultados reflejan problemas estructurales del modelo PDA, entre ellos deficiente planeación, baja supervisión, y proyectos que no llegan a funcionar pese a la inversión de recursos públicos.
El ente de control insistió en la necesidad de fortalecer la gestión y vigilancia, implementar enfoques diferenciales y garantizar que el acceso al agua potable y saneamiento básico deje de ser un servicio inequitativo para que las comunidades más vulnerables reciban soluciones reales y sostenibles.
