La Segunda Marquetalia de Iván Márquez: el rostro criminal detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay.
Colombia vuelve a estremecerse ante una verdad dolorosa pero necesaria: el asesinato de Miguel Uribe Turbay no fue un hecho aislado, ni obra de delincuencia común. Según los avances de la Fiscalía General de la Nación, detrás de este magnicidio estaría la Segunda Marquetalia, la disidencia de las antiguas FARC dirigida por alias Iván Márquez, un hombre al que, paradójicamente, el gobierno de Gustavo Petro había designado, sí, había designado como negociador de paz.
La historia es tan absurda como indignante. Un país que pretende construir reconciliación mientras entrega legitimidad política a un terrorista reincidente, narcotraficante y traidor. Márquez no solo traicionó el Acuerdo de La Habana; traicionó a las víctimas, a la esperanza de paz y al Estado de Derecho.
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Sin embargo, durante meses, el Gobierno lo trató como un interlocutor válido, como si su prontuario no pesara sobre la mesa. Solo hace tres semanas se revocó su designación como negociador, cuando ya era imposible seguir ocultando el colapso moral de esa apuesta política.
Hoy, la muerte de Miguel Uribe cobra un nuevo sentido a la luz de esos hechos. Miguel, desde el Congreso de la República y desde sus redes sociales, advirtió con claridad y con valentía lo que representaba Iván Márquez y la Segunda Marquetalia.
En un video de 2022, con tono firme, denunciaba que “darle nuevamente beneficios a Iván Márquez, líder y promotor de la Segunda Marquetalia, reincidente y narcotraficante, era una irresponsabilidad con los colombianos”. No se equivocó.
Su mensaje no era odio; era previsión. Era el grito de un joven político que entendía que la impunidad es el combustible de la violencia. En múltiples pronunciamientos, Miguel insistió en que no se puede negociar con quienes convirtieron la traición en estrategia y el crimen en bandera.
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También en 2024 escribió: “Con Iván Márquez no hay nada que negociar, salvo en qué celda quiere pasar los años que le debe a la justicia y a las víctimas”. Un año después, la vida le dio la razón de la manera más cruel.
La Segunda Marquetalia, fundada por Márquez tras su deserción del proceso de paz, no es una estructura política; es una organización criminal dedicada al narcotráfico, la extorsión y el asesinato selectivo. Opera con células activas en el Departamento del Caquetá, el Putumayo y el sur del Tolima.
Según las investigaciones de la Fiscalía, fue precisamente una célula ubicada en el Caquetá la que habría determinado y ejecutado el asesinato de Miguel Uribe. El crimen, más que un ataque personal, fue un mensaje político: un intento de silenciar a quien representaba la voz firme contra el perdón disfrazado de paz.
Y aquí surge una pregunta que incomoda al poder: ¿cómo es posible que un Estado que conocía los antecedentes de Márquez lo mantuviera como figura política dentro de un proceso de diálogo? ¿Qué tipo de “paz total” pretende construirse sobre la complacencia con los mismísimos verdugos?
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La respuesta no puede ser otra que la irresponsabilidad política y moral del actual gobierno, que ha confundido reconciliación con rendición. El presidente Gustavo Petro y su bancada ha insistido en mantener una narrativa donde todo se justifica en nombre de la paz, incluso otorgar poder a quienes la dinamitan.
Durante meses, mientras Miguel Uribe denunciaba los vínculos de la Segunda Marquetalia con el narcotráfico y el terrorismo, el Gobierno los presentaba como actores políticos válidos. Esa contradicción, lejos de ser un error, ha sido una constante; sí, premiar a los victimarios.
A ello se suma un componente político que no puede pasarse por alto, hoy, el petrismo hace campaña junto a figuras como Iván Cepeda, un senador que ha sido señalado por su cercanía ideológica y política con los antiguos líderes de las FARC.
Cepeda ha defendido sistemáticamente los intereses de ese grupo armado, los ha visitado en las cárceles, y ha sido su principal vocero en el Congreso de la República. Su discurso de “paz y derechos humanos” se derrumba cuando la sangre de nuevos inocentes mancha ese relato.
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¿De qué sirve hablar de verdad y de justicia cuando se coquetea con quienes encarnan la mentira y el crimen? ¿Cómo creer en un proyecto de país que legitima a Iván Márquez mientras entierra a Miguel Uribe?
Colombia necesita mirar este crimen no solo como una tragedia personal, sino como un síntoma profundo del deterioro institucional y moral del Estado. La impunidad ha mutado: ya no se disfraza de silencio, sino de política pública. La “paz total” terminó siendo el pretexto para normalizar el terrorismo, para borrar las fronteras entre la legalidad y la criminalidad.
Miguel Uribe fue un símbolo de resistencia moral. Representaba la voz de quienes creen que la justicia no se negocia, que el perdón sin verdad es complicidad, y que el Estado no puede someterse a las armas. Su asesinato, a manos de quienes el Gobierno alguna vez pretendió sentar a la mesa, es la evidencia más dura de que la impunidad mata.
Hoy el país exige respuestas, no discursos. La Fiscalía debe avanzar con firmeza en las investigaciones, pero también el Gobierno tiene la obligación ética de reconocer sus propios errores. La revocatoria tardía de Iván Márquez como negociador, no borra meses de complacencia.
Mientras tanto, el legado de Miguel Uribe debe mantenerse vivo. No solo como homenaje, sino como compromiso. Él, Miguel Uribe, comprendió que la verdadera paz no se firma con asesinos, se construye con justicia y se construye con verdad.
Y en un país donde la verdad duele, su voz resuena más fuerte que nunca y retomó sus palabras escritas el 11 de mayo de 2024: “Colombia necesita un buen presidente, no una nueva Constitución hecha a la medida de los criminales.”
