El Parlamento Europeo responsabiliza a Gustavo Petro de violencia.
La más reciente resolución del Parlamento Europeo sobre Colombia marca un punto de inflexión en la manera como la comunidad internacional percibe la crisis de seguridad y gobernanza en nuestro país. No se trata de un pronunciamiento más, ni tampoco de una formalidad diplomática. Con 355 votos a favor frente a 173 en contra, esto es, más de dos terceras partes, la Eurocámara emitió un mensaje contundente: la escalada de violencia en Colombia amenaza la estabilidad democrática, erosiona los avances alcanzados tras el Acuerdo de Paz de 2016 y sitúa a nuestro país en el radar global como un caso preocupante de retroceso institucional.
El Parlamento Europeo en su resolución también lamenta el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, y no lo hace desde la distancia fría de un continente ajeno. Lo hace reconociendo que este crimen no fue un hecho aislado, sino parte de una dinámica de violencia sistemática contra líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos. Entre enero y junio de este año 2025, al menos 89 líderes sociales y 25 firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados, y en los primeros cuatro meses de este año se registraron 22 masacres con 67 víctimas, según la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ternada por el propio presidente Petro.
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A ello se suma el asesinato de 13 policías en Amalfi, los ataques en Cali, y ahora el último atentado en la ciudad de Medellín. Hechos que han golpeado profundamente la confianza ciudadana en el Estado y en sus instituciones de seguridad. La Unión Europea, con razón, interpreta estos hechos no solo como un problema de orden público, sino como una amenaza real a la cohesión social y a la estabilidad democrática. Lo que en Colombia muchas veces se diluye en la rutina informativa de titulares sangrientos, en Bruselas es leído como un síntoma de descomposición institucional. La comunidad internacional lo ve claro; nosotros, los colombianos, lo vivimos con dolor.
Y ante esto la reacción del presidente Gustavo Petro frente a esta resolución no sorprende, pero sí preocupa. Decidió como siempre apagar el fuego con gasolina. Desde el Cauca, arremetió contra los parlamentarios europeos clasificándolos de “señores de derechas sin razón o que no saben leer”. En su narrativa, el asesinato de Miguel Uribe Turbay no tiene nada que ver con los mensajes que desde la Presidencia han abonado a la polarización, atizando el carbón.
Pero el Parlamento Europeo fue categórico: “Las declaraciones incendiarias difundidas por la Presidencia y otros actores políticos han contribuido a aumentar la polarización, la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad en el país”. Además responsabiliza a Gustavo Petro políticamente de este atentado, por no reforzar la seguridad de Miguel Uribe. Negar esta realidad es, en el mejor de los casos, una ceguera voluntaria; en el peor, una estrategia de irresponsabilidad política. En sociedades profundamente fragmentadas, las palabras del presidente no son un adorno: son un combustible. Cuando se estigmatiza a los opositores, cuando se atiza la confrontación, cuando se sugiere que el adversario es enemigo, se habilita —aunque no se ordene directamente— el terreno para que la violencia encuentre justificación.
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Uno de los puntos más relevantes de la resolución es el llamado a actualizar la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea para incluir al Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central y el Cartel de los Soles. Este último, ligado a sectores del estamento militar venezolano, opera como un engranaje transnacional del narcotráfico, con presencia activa en las regiones fronterizas colombo-venezolanas. Estos territorios se han convertido en corredores de droga, contrabando y armas, aprovechando la debilidad del Estado colombiano y la complicidad de sectores estatales en Venezuela. Europa, con mirada estratégica, advierte que esto no es solo un problema local: es una amenaza a la estabilidad regional y a la seguridad global.
Mientras la violencia se intensifica en zonas rurales, los laboratorios de cocaína y los cultivos ilícitos proliferan en la frontera con Venezuela, donde el Estado colombiano brilla por su ausencia. Human Rights Watch ha advertido que disidencias de las Farc y el ELN ocupan esos espacios, consolidando enclaves criminales que erosionan cualquier esperanza de implementación efectiva de los acuerdos de paz.
La resolución alerta también sobre el riesgo electoral. En medio de la violencia creciente, las elecciones de 2026 podrían verse empañadas por la intimidación a candidatos y el asesinato de dirigentes. La Eurocámara lo advierte sin eufemismos: la violencia política puede “socavar las garantías electorales y la confianza pública en las instituciones del gobierno”. Y no es una exageración. Es un patrón que recuerda los oscuros años noventa, cuando la violencia política se convirtió en un mecanismo sistemático para moldear la democracia a punta de bala.
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Vale decir que el presidente Petro, acusado de incendiario, al responder echándole más leña al fuego, puso de presente que en Marsella, Francia, estaría en riesgo la vida de su hija y de sus nietas. Ojalá las autoridades francesas de verdad tomen nota sobre estos graves hechos, y lo hagan con el cuidado y la responsabilidad que no tuvo el mismo Gobierno de Gustavo Petro, a la hora de reforzar la seguridad de Miguel Uribe Turbay.
Por lo demás, aquí seguimos y aquí seguiremos, resistiendo y defendiendo nuestra patria, nuestra democracia y luchando porque, a pesar del panorama oscuro, podamos tener unas elecciones transparentes el año venidero.
