La Contraloría General de la República estableció seis hallazgos fiscales por un valor de $13.694 millones en el marco de una Auditoría Financiera realizada a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT), correspondiente a la vigencia 2024.
El organismo de control concluyó el examen con 14 hallazgos administrativos, de los cuales seis tienen presunto alcance fiscal y ocho podrían dar lugar a responsabilidad disciplinaria.
Según el informe, dentro de los hallazgos más relevantes se encuentran pagos ejecutados por $6.026 millones sin respaldo de decisiones judiciales ni soportes que permitan garantizar la trazabilidad de los recursos. Estos desembolsos fueron canalizados a través del operador Magna Comunicaciones S.A.S.
Asimismo, en el contrato 040 de 2024 se evidenciaron deficiencias en los soportes de pagos por $2.711 millones, al no verificarse los costos ni exigirse documentos que garantizaran la correcta ejecución contractual. Otro hallazgo hace referencia al pago de $2.066 millones a terceros que no estaban reconocidos en sentencias judiciales, lo que se realizó sin aprobación del Tribunal Judicial de Cartagena.
La Contraloría también advirtió irregularidades en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023, con deficiencias en los soportes de gastos por $1.418 millones, y en el Contrato Fiduciario 47 de 2024, donde se encontraron inconsistencias por $1.279 millones en eventos logísticos, debido a la ausencia de trazabilidad completa y detalle desagregado de los bienes y servicios adquiridos. A esto se suma un pago por $192 millones destinado a actividades que no estaban ordenadas judicialmente, compromisos que correspondían a otra entidad pública.
Más allá de los hallazgos fiscales, el informe de la auditoría señala deficiencias estructurales en la articulación entre la Unidad de Restitución de Tierras y su Grupo Fondo, lo que, según la CGR, desconoce el diseño institucional, debilita la gestión pública y afecta el principio de eficiencia en el uso de los recursos.
También se identificaron falencias en los soportes documentales relacionados con el cumplimiento de fallos judiciales y contratos de operación logística. La Contraloría emitió una opinión contable con salvedades, un concepto presupuestal no razonable y un concepto con deficiencias sobre el control interno financiero de la entidad.
Finalmente, el informe advierte riesgos asociados a la administración de predios, particularmente en los controles para determinar el valor de los avalúos comerciales o catastrales, lo que puede impedir reflejar la realidad económica de los bienes. Además, se cuestiona el proceso de contratación y subcontratación, debido a la falta de soportes adecuados que permitan garantizar la trazabilidad de los recursos destinados a diferentes eventos.
