La noche del martes 18 de marzo de 2025, se presentó una masacre en el municipio de Andes, en el suroeste antioqueño. Cuatro hombres, recolectores de café, fueron sacados de su alojamiento en una finca en la vereda Río Claro, corregimiento de Santa Rita, y asesinados a sangre fría por un grupo armado ilegal.
Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron encontrados en horas de la madrugada. Según las primeras investigaciones, el crimen ocurrió alrededor de la medianoche, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la finca La Amistad, conocida por ser una productora de café en la región. Tras amenazar al mayordomo de la finca para que no saliera de su alojamiento, los atacantes se dirigieron al campamento donde los trabajadores dormían y los sacaron de allí. Los cuatro recolectores fueron obligados a salir y, sin mediar palabra, fueron ejecutados.
El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, informó que dos de los cuerpos fueron hallados atados en un barranco cercano, mientras que los otros dos fueron encontrados a pocos metros de distancia. Las víctimas, según los primeros informes, eran tres ciudadanos venezolanos y uno originario de la costa Caribe de Colombia, quien había llegado hace apenas un mes a la zona en busca de trabajo en la temporada de cosecha del café.
El crimen, aunque aún bajo investigación, en sus primeras hipótesis se enmarca en el contexto de las disputas territoriales que enfrentan varias estructuras criminales por el control del microtráfico en la región. La zona de Andes ha sido históricamente un punto caliente para el narcotráfico y otras actividades ilícitas, lo que ha generado un clima de violencia persistente, especialmente en áreas rurales como la vereda Río Claro.
A medida que las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios, las hipótesis apuntan a que la masacre podría ser el resultado de un enfrentamiento entre grupos armados ilegales que luchan por el dominio de la región. Las víctimas, al parecer, no tenían relación directa con estos grupos, pero su presencia en la finca como trabajadores del campo podría haber sido interpretada como un factor de riesgo por parte de los agresores.
La masacre ha puesto nuevamente en evidencia la creciente inseguridad que afecta a las zonas rurales de Antioquia, un departamento que, aunque conocido por su belleza natural y su producción cafetera, también ha sido marcado por la presencia de grupos armados ilegales y el auge de actividades ilícitas. En un contexto tan violento, los habitantes del Suroeste antioqueño viven bajo una constante amenaza, con miedo a convertirse en víctimas de una violencia que parece no tener fin.
Las autoridades han iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
