El exsecretariado de las Farc-EP, integrado por Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’; Jaime Alberto Parra, alias ‘El Médico’; Milton de Jesús Toncel, alias ‘Joaquín Gómez’; Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, alias ‘Carlos Antonio Lozada’, respondió este martes al Auto de Determinación de Hechos y Conductas emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este pronunciamiento constituye la primera imputación directa a los máximos responsables de la extinta guerrilla por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el reclutamiento de menores y otras atrocidades cometidas en el marco del conflicto armado.
«Reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido«, Comunicado de las Exfarc
El reconocimiento de un capítulo oscuro
«Reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido», afirmaron los exlíderes en un comunicado conjunto.
El pronunciamiento se dio tras la presentación de las imputaciones por parte de la magistrada Lily Rueda, quien describió cinco patrones macrocriminales que afectaron a más de 18.600 niños, niñas y adolescentes entre 1971 y 2016. Estas imputaciones, basadas en un análisis detallado de más de 20 años de conflicto, revelan el alcance de las violaciones cometidas intrafilas.
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Los cinco patrones de violencia
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó la responsabilidad de los exlíderes de las Farc-EP en las siguientes conductas:
- Reclutamiento de menores para tácticas de guerra: Niños y niñas fueron forzados a ingresar a las filas para cumplir roles como combatientes, informantes y cargueros.
- Malos tratos, tortura y homicidios: Castigos extremos e incluso asesinatos de menores que intentaban huir o desobedecían órdenes.
- Violencia reproductiva: Obligación de niñas y mujeres de planificar, abortar forzosamente, o enfrentar la desaparición de sus hijos recién nacidos.
- Violencia sexual sistemática: Incluyendo abusos, violaciones y explotación.
- Violencia por prejuicio: Contra personas con orientaciones sexuales diversas, sometidas a discriminación, tortura e incluso ejecuciones.
Los exlíderes se comprometieron a dar una respuesta formal dentro del plazo de 30 días que establece la JEP para aceptar o rechazar su responsabilidad por estos hechos. Según el comunicado, su postura será por la vía del reconocimiento, lo que podría abrir paso a un acto de reparación integral hacia las víctimas.
“Ratificamos nuestro compromiso con las víctimas y con la jurisdicción en este proceso de reconocimiento, verdad y reparación”, manifestaron.
Este caso, denominado macrocaso 07, es uno de los más representativos del proceso de justicia transicional en Colombia. Por primera vez, los máximos responsables del exsecretariado enfrentan una imputación que documenta crímenes que marcaron una generación de víctimas.
Para las organizaciones de derechos humanos y las víctimas, este reconocimiento es un paso clave hacia la verdad, pero también plantea interrogantes sobre el alcance de las sanciones y las garantías de no repetición.
La imputación llega en un momento crucial para la JEP, cuya labor ha sido objeto de cuestionamientos por parte de sectores políticos y sociales. Este proceso podría redefinir la percepción pública sobre el sistema de justicia transicional y su capacidad de ofrecer justicia para las víctimas del conflicto armado.
En los próximos días, se espera que el exsecretariado entregue una respuesta concreta que determine el rumbo del proceso judicial y el cierre de uno de los capítulos más dolorosos en la historia reciente del país.
