El Gobernador del Chocó, Ariel Palacios continuará en detención domiciliaria mientras se adelantan las investigaciones por presuntos contratos irregulares durante la pandemia.
El Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento preventiva de la libertad, por solicitud de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
La privación de la libertad del Gobernador es de carácter domiciliario por algunas irregulares en la contratación directa de elementos de bioseguridad por valor $220’375.148.
Durante la investigación se encontró que el mandatario no remitió a la Contraloría General de la República el decreto con el que declaró la urgencia manifiesta ni los soportes del proceso falencias en “falta de idoneidad del contratista, presuntas falsedades en la etapa precontractual y ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos”.
Al procesado se le imputan los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión.
