La Contraloría General de la República alertó que $4,84 billones de recursos públicos permanecen inmovilizados en fiducias, pese a estar comprometidos para proyectos clave del Estado. La cifra equivale al 35,61 % de un total de $13,48 billones, correspondientes a 787 negocios fiduciarios, con corte a diciembre de 2024.
De acuerdo con el estudio, 156 negocios fiduciarios concentran estos recursos sin ejecutar, una situación que genera un doble impacto negativo: pérdida de eficiencia económica y afectación directa a la ejecución social, al retrasar proyectos de vivienda, salud e infraestructura.
En la muestra analizada por el ente de control, por $390.265 millones, el Ministerio de Vivienda encabeza la lista de entidades con mayores recursos inmovilizados, con $165.255 millones (42 %). Le siguen el Ministerio de Comercio, con $109.320 millones (28 %), y el Ministerio de Salud, con $67.792 millones (17 %).
El informe también evidencia una alta concentración de recursos en pocas fiduciarias. Scotiabank Colpatria administra $168.081 millones, seguida por Fiduciaria La Previsora y Fiduciaria Popular, lo que, según la Contraloría, refleja fallas en la gestión de estos fondos.
Entre las principales causas de la inmovilización se identificaron deficiencias contractuales, falta de ejecución oportuna y trámites administrativos ineficientes, factores que generan retrasos y rigidez operativa, a pesar de que los recursos han estado disponibles.
El organismo de control advirtió que cada peso inmovilizado representa una obra o un servicio que no llega a los ciudadanos, afectando directamente el gasto público social y la calidad de vida. Por ello, anunció que iniciará las actuaciones fiscales correspondientes para establecer responsabilidades.
