Gobierno, empresarios y trabajadores se reúnen para definir el nuevo decreto tras la suspensión del alza del 23%. El Ejecutivo debe expedir una cifra técnicamente sustentada mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo.
Este lunes 16 de febrero de 2026 se reanuda en Bogotá la mesa de concertación del salario mínimo en Colombia, en un encuentro clave entre el Gobierno nacional, los gremios empresariales y las centrales obreras para definir el incremento que regirá durante este año, luego de la suspensión provisional del decreto que había fijado una subida del 23%.
La reunión, convocada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por orden del presidente Gustavo Petro, se realizará en el Ministerio del Trabajo desde las 10:00 a. m. y contará con la participación de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, escenario tripartito en el que se discuten las decisiones salariales del país.
Por qué se vuelve a discutir el salario mínimo
La mesa se sentará de nuevo luego de la suspensión del Decreto 1469 de 2025 por parte del Consejo de Estado, norma con la que el Gobierno había establecido un aumento del 23% en el salario mínimo.
La medida judicial obliga al Ejecutivo a expedir un nuevo decreto transitorio con una cifra debidamente argumentada, mientras el alto tribunal toma una decisión definitiva sobre la legalidad del incremento.
El Gobierno dispone de un plazo de ocho días para emitir el nuevo decreto. Entre tanto, el salario fijado previamente continúa vigente hasta que se adopte una nueva determinación oficial.
Según expertos jurídicos, la orden del Consejo de Estado no implica necesariamente una nueva negociación tripartita, aunque el Gobierno decidió convocar la mesa de concertación para sustentar técnicamente la decisión.
Lo que dice el Gobierno
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que el nuevo decreto deberá estar enfocado en garantizar “un aumento del salario mínimo vital y móvil como lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional”.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro afirmó que el Gobierno acatará la decisión del Consejo de Estado, pero actuará conforme a la Constitución.
“El decreto transitorio que pide el Consejo de Estado, mientras toma una decisión de fondo, seguirá las órdenes de la Constitución; respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, expresó el mandatario.
El jefe de Estado también señaló que se convocó la mesa de concertación y reuniones con movimientos sociales para analizar el nuevo decreto. “El ministro de Trabajo hará una reunión de concertación y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”, añadió.
En un mensaje reciente en su cuenta de X, el presidente sostuvo que el salario mínimo vital debería ubicarse en $2.155.000 mensuales. “Ese valor ayudaría a cerrar brechas”, aseguró, al respaldar un análisis del economista Daniel Ossa.
¿De cuánto sería el nuevo aumento?
Por ahora no existe una cifra oficial definida. El Gobierno deberá sustentar el incremento con base en los parámetros establecidos por la Ley 278 de 1996:
- Inflación
- Productividad
- Crecimiento del PIB
- Contribución de los salarios al ingreso nacional
Estos criterios técnicos serán el eje de la discusión y del nuevo decreto que deberá expedir el Ejecutivo.
El aumento podría diferir del 23% inicialmente decretado, dependiendo de la argumentación técnica y del análisis económico que se presente ante el Consejo de Estado.
La postura de los gremios empresariales
Los gremios empresariales han insistido en que la decisión debe adoptarse con criterios técnicos y dentro del marco institucional.
Desde la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), su presidente Jaime Alberto Cabal señaló que la suspensión del decreto es “un llamado claro al respeto por el Estado de derecho y por los mecanismos institucionales de concertación laboral”.
El Consejo Gremial Nacional reiteró que la fijación del salario mínimo es una decisión de alto impacto económico y social, con efectos en el empleo formal, la inflación, la sostenibilidad empresarial y el gasto público. Por ello, pidió que cualquier incremento se adopte con “rigor técnico” y conforme a la ley.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, subrayó la necesidad de generar estabilidad y claridad jurídica. “El llamado es a generar estabilidad, confianza y reglas claras que permitan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo la generación de empleo formal ni el crecimiento económico del país”, afirmó.
Acopi también expresó preocupación por la incertidumbre generada en empresas y trabajadores. “Colombia necesita reglas claras, concertación real y estabilidad para proteger el empleo formal y la sostenibilidad empresarial”, señaló su directora ejecutiva en Bogotá-Cundinamarca, María Alejandra Osorio.
La posición de los trabajadores
Las centrales obreras han manifestado su rechazo a la suspensión del incremento del 23% y piden mantener el nivel anunciado inicialmente.
Fabio Arias, presidente de la CUT, sostuvo que los trabajadores “no pueden perder ese derecho constitucional y legal que tiene el Gobierno para redimir y hacer justicia social en Colombia con un salario mínimo de 2 millones de pesos para el año 2026”.
Las organizaciones sindicales consideran que el aumento decretado responde a la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir las brechas sociales.
Un escenario de alta tensión e incertidumbre
La sesión extraordinaria de la Comisión de Concertación se perfila como el escenario clave para definir el rumbo del salario mínimo en 2026. Aunque el Gobierno debe expedir el decreto de manera unilateral, la reunión busca reconstruir consensos y dar sustento técnico a la decisión.
El debate gira en torno a una pregunta central: si el nuevo decreto mantendrá un incremento alto cercano al propuesto inicialmente o si se reducirá la cifra para ajustarse a los parámetros técnicos exigidos por el Consejo de Estado.
Mientras se desarrolla la discusión, trabajadores, empresas y el propio Gobierno esperan una definición que brinde estabilidad jurídica y económica.
