“Hay una situación serísima y es que, habiendo el recurso hídrico, viniendo de la represa Ranchería, no es posible que llegue a las comunidades de La Guajira», aseguró la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco Campuzano, en una reunión sobre el tema con diversos funcionarios nacionales y regionales realizada en Riohacha.
La Ministra aseguró además que en el diagnóstico realizado, encontraron que “a lo largo de la línea de conducción de agua hay conexiones ilegales, que se utilizan para actividades diferentes al consumo humano”, manifestó Velasco.
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Asimismo, se identificaron otras razones por las cuales a municipios como Barrancas, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, San Juan del, Cesar, Urumita, Villanueva, el líquido no llega a los habitantes; uno de los casos es que es utilizada de manera ilegal en diferentes fincas, predios, para el uso agropecuario y para consumo de animales.
“Buscamos algunas soluciones como la generación de una mesa para revisar con mayor profundidad la problemática y también las acciones legales que se han emprendido sobre algunas personas que están siendo señaladas de apropiarse de grandes cantidades de este precioso líquido”, expresó Iván Velásquez, ministro de Defensa.
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Frente a las acciones planteadas, Andreina García, gerente de Esepgua, aseguró que se debe procurar que “todas las personas alrededor de las líneas de conducción le den un uso adecuado al agua y que pueda llegar todo el caudal necesario a los cascos urbanos”.
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En la reunión participaron el ministro de Defensa, Iván Velásquez; los alcaldes de cinco de los nueve municipios del sur de La Guajira, Waldin Soto, alcalde de La Jagua del Pilar; Hamilton García, alcalde de Fonseca; Uriel Guerra, alcalde de Urumita; Alberto Barros, alcalde de Villanueva; Néstor Sáenz, alcalde de Albania, un representante de la Alcaldía de Hatonuevo; delegados del Plan Departamental de Agua (PDA) y el Ministerio de Agricultura; Andreina García, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira (Esepgua), representantes de Veolia y de la Gobernación, para valorar la situación en materia de agua potable en la región.