Un reciente estudio de la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la crítica situación financiera que enfrentan las principales universidades públicas del país, advirtiendo que, de no tomar acciones oportunas, está en riesgo la sostenibilidad del sistema de educación superior.
El informe, que evaluó aspectos fiscales, pres|upuestales y pensionales de instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad Industrial de Santander, revela un panorama preocupante: solo tres de ellas acumulan un pasivo pensional de 8,3 billones de pesos, siendo la Universidad Nacional la más afectada con 4,5 billones.
Problemas estructurales sin solución a la vista
Entre los principales hallazgos, la Contraloría destaca la obsolescencia de las bases de datos utilizadas para calcular los pasivos pensionales, algunas con más de una década de antigüedad, lo que podría estar subestimando el verdadero tamaño de la deuda.
El ente de control también advierte sobre la falta de transferencias oportunas por parte del Gobierno Nacional para cubrir estos pasivos, y subraya que las universidades no cuentan con ingresos propios suficientes para responder a sus obligaciones. Un caso crítico es el de la Universidad del Valle, que debe aportar el 19,9 % al fondo de pensiones, pese a sus limitadas capacidades financieras.
Otro factor que incide negativamente en las finanzas universitarias es el régimen salarial de los docentes (Decreto 1279 de 2002), que permite la acumulación de puntos por productividad académica. Esto ha generado un crecimiento sostenido en los costos sin una asignación equivalente de recursos. Por ejemplo, en la Universidad de Antioquia el valor anual de puntos asignados pasó de $10.364 millones en 2017 a $18.239 millones en 2024, lo que representa un incremento del 76 %.
A pesar de ello, la Nación no ha asignado recursos específicos para cubrir estos incrementos, y los fondos adicionales han estado enfocados en cobertura, no en funcionamiento.
Formalización laboral sin financiación
El reciente Decreto 391 de 2025, que establece la formalización laboral en instituciones públicas de educación superior, también genera preocupación. Según cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE), su implementación requeriría $2,9 billones adicionales, recursos que hoy no cuentan con una fuente clara de financiación por parte del Gobierno.
La política de gratuidad en la matrícula, reglamentada mediante el Decreto 2271 de 2023, ha modificado el flujo de ingresos de las universidades. Actualmente, se gira un 80 % al inicio del semestre y el 20 % restante tras la validación de datos por parte del Ministerio de Educación. Sin embargo, en la práctica, estos recursos no se entregan antes del inicio del periodo académico, dificultando la planeación y sostenibilidad financiera.
El informe también señala el retraso en la inversión en infraestructura como una deuda histórica con las universidades. Solo la Universidad Nacional tiene proyectos pendientes por $1,4 billones para modernización tecnológica y construcción física, esenciales para mantener la calidad educativa.
Una reforma necesaria pero lenta
La Contraloría insiste en la urgencia de modificar el actual esquema de financiación de las universidades públicas contemplado en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una reforma que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso. No obstante, mientras se concreta el ajuste legislativo, el ente de control recalca la importancia de garantizar giros oportunos y suficientes por parte del Gobierno Nacional.
El análisis concluye que el sostenimiento de las universidades públicas depende no solo de una reforma estructural del sistema de financiación, sino de una acción inmediata del Estado para responder a los desafíos históricos, fiscales y operativos. De lo contrario, la educación superior pública, pilar fundamental del desarrollo del país, podría enfrentar una crisis sin precedentes.
