Un reciente informe de seguimiento a la Ley de Víctimas en Colombia ha puesto de manifiesto una serie de desafíos inquietantes en la atención a las víctimas del conflicto armado
Uno de los puntos más críticos que revela el informe es la falta de recursos adecuados para la asistencia, atención y reparación de las víctimas. Se estima que se necesitarían alrededor de $252.4 billones entre 2023 y 2031 para cumplir con las medidas de apoyo a más de nueve millones de víctimas del conflicto armado.
La Comisión estableció que en 2022 el 1,72 % de los hogares viables para entrega de atención humanitaria de emergencia no accedieron a esa medida y para el primer trimestre de 2023 el 14,46% de estos sujetos de atención por primer año no la recibieron, por lo cual, en los primeros tres meses del presente año no se cumplió con la meta formulada en el indicador del documento Conpes 4031 de 2021.
La crisis humanitaria en Colombia también se refleja en el aumento de desplazamientos forzados. En 2022, se registraron 129 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a más de 56,000 personas, además de 47 eventos de confinamiento que involucraron a más de 41,000 ciudadanos. Esto, a pesar de los esfuerzos de acercamiento y negociación de la Paz Total.
El informe también destaca un aumento del 32.5% en los homicidios de líderes, lideresas y defensores de los derechos humanos en comparación con 2021. Además, persisten obstáculos en la protección de la población con orientación de género diverso, en particular para hombres gay, personas no binarias y hombres transgénero.
En cuanto a la infraestructura, se ha evidenciado un notable deterioro de las sedes de atención a víctimas en varias regiones. Además, hay un rezago en la atención a víctimas, con una reducción del 76% en la atención brindada en 2022 en comparación con el año anterior. La restitución de tierras también se ha visto afectada, con un bajo porcentaje de trámites para la protección predial.
La población víctima de desplazamiento forzado enfrenta una situación de vulnerabilidad económica, con tasas de pobreza mucho más altas que el promedio nacional. En abril de 2023, se registraron 5,257,119 víctimas en los niveles más bajos de pobreza extrema y pobreza moderada, según el Sisbén IV.
La indemnización de las víctimas también es un tema crítico. Según el informe, hay 8.5 millones de eventos pendientes por indemnizar, con un costo estimado de $67.4 billones. Además, las indemnizaciones a mujeres víctimas de delitos contra la integridad y formación sexual en el marco del conflicto armado son notablemente bajas.
La falta de coordinación entre las entidades nacionales y territoriales es un problema persistente. Algunos municipios muestran bajos niveles de gestión en la implementación de la Política Pública de Víctimas. Por tanto, es imperativo fortalecer la coordinación entre estas entidades y garantizar la asistencia oportuna y la reparación integral a la población víctima del conflicto armado.
La situación que revela este informe es alarmante y requiere una acción inmediata por parte del Gobierno colombiano. La falta de atención a estas cuestiones podría exacerbar aún más la crisis humanitaria en Colombia y la vulnerabilidad de las víctimas. Es fundamental que se asignen los recursos necesarios y se agilice la atención y reparación integral a las víctimas. Colombia debe enfrentar estos desafíos con determinación y empatía para garantizar un futuro mejor para quienes han sufrido tanto a lo largo del conflicto armado en el país.
