La Contraloría General de la República, detectó 30 hallazgos fiscales por $132.025 millones en auditorías a proyectos de regalías en La Guajira.
Proyectos con evidente falta de planeación, obras que no prestan el servicio para el cual fueron hechas, urbanizaciones de vivienda sin terminar, escenarios recreativos y deportivos que fueron entregados y se encuentran en mal estado y abandonados, son algunas de las situaciones que encontró la CGR.
Entre los hallazgos $37.000 millones corresponden a recursos de OCAD Paz.
«El mayor detrimento patrimonial detectado y declarado de impacto nacional es por $15.616 millones y tiene que ver con la implementación de un sistema de producción agrícola y pecuario para fomentar la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) en el municipio de Dibulla»: Contraloría
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Otros hallazgos fiscales relevantes que determinó la Contraloría y fueron declarados de impacto nacional son los siguientes:
*$10.103 millones es el monto del hallazgo fiscal que se registró en el proyecto correspondiente a la construcción de viviendas de interés prioritario en los municipios de Riohacha y Manaure. Este detrimento correspondió a la ejecución de una obra que no prestó los servicios para los que fueron aprobados los recursos.
De igual manera, esta obra sufre de una suspensión y tiene cerca de 700 viviendas construidas que no prestan servicio.
*En el municipio de Jagua del Pilar, el proyecto de construcción y adecuación de escenarios recreativos y deportivos en la zona rural y urbana del distrito de Riohacha, registró un hallazgo fiscal por más de 14 mil millones ($14.481.453.699). Esta es una obra que fue entregada, pero no está disponible para el uso de la comunidad ya que las instalaciones se encuentran en mal estado y en condición de abandono.
*Por $11.384 millones de pesos, se consolidó un hallazgo correspondiente al proyecto de construcción del colector de redes de acueducto y obras complementarias del corregimiento El Pájaro, del Municipio de Manaure.
Esta obra lleva un avance de más del 90%, pero un conflicto de deudas con la empresa AIRE impide que haya energía para el funcionamiento de la obra (para su funcionamiento se necesita solucionar este conflicto).
El proyecto está suspendido de forma indefinida desde junio de 2022. La denuncia al respecto fue realizada por la periodista Salud Hernández, que ha realizado varias más sobre otros proyectos de regalías en La Guajira, las cuales han sido tramitadas por la Contraloría General y donde se han determinado hallazgos fiscales por más de $29.000 millones.
*Hallazgo fiscal por $8.420 millones en relación al proyecto “Implementación de estrategias para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático ante la escasez hídrica en las comunidades indígenas de La Guajira”, por el no cumplimiento del objetivo principal del mismo, ya que en realidad solo se hicieron pozos para extracción de agua, una práctica ambientalmente NO sostenible. La entidad afectada es el Municipio de Manaure.
Se trata de una obra inconclusa y abandonada por parte del contratista, con falta de vigilancia y control por parte de la interventoría y el supervisor de obra.
Obras inconclusas y paralizadas del Aeropuerto de Riohacha.
La Contraloría advierte a Aerocivil riesgo de pérdida de $41.000 millones por inversiones realizadas en obras inconclusas y paralizadas del Aeropuerto de Riohacha.
Hay irregularidades en recursos por valor de $29.060 millones, ejecutados para rehabilitar la pista y demás zonas del Lado Aire, y para mejorar los servicios y la navegación aérea de este aeropuerto.
El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez Becerra advierte a la Aerocivil para que se gestione el pronto reinicio y adecuada finalización de las obras inconclusas y se evite el riesgo de pérdida de las cuantiosas inversiones ya pagadas.
Rodríguez Becerra, presentó en la capital de La Guajira los resultados de una Auditoría que estableció 8 hallazgos administrativos, 3 de ellos con posible incidencia fiscal por valor total de $29.060 millones, 7 con presunta connotación disciplinaria y uno (1) con presunta incidencia penal por modificación del objeto contratado.
