La confirmación de la muerte de tres adolescentes durante la operación militar en Guaviare volvió a poner en el centro del debate el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales. Mientras un cuarto menor fue recuperado con vida, el Gobierno anunció medidas para fortalecer la persecución penal contra quienes utilizan niños y adolescentes en la guerra.
El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres de las diez personas fallecidas durante la operación militar desarrollada el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, eran menores de edad.
Según informó el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, se trata de dos adolescentes de 15 años y uno de 16 años.
“Lo que podemos manifestar es que son dos personas de 15 años, una de 16; dos son mujeres y uno es un hombre”, explicó el funcionario tras culminar los procesos de identificación.
La noticia generó una fuerte reacción del Gobierno Nacional, que aseguró que los menores hacían parte de la estructura armada en condición de combatientes y responsabilizó directamente a las disidencias de alias ‘Calarcá’ por haberlos incorporado a sus filas.
Instituto Nacional de Medicina legal se estableció que tres de los 10 combatientes ilegales en función continua de combate muertos en desarrollo de la operación militar son menores de edad (dos de 15 años y uno de 16 años).
Un menor fue recuperado
Además de los tres adolescentes fallecidos, las autoridades informaron que otro menor de edad fue encontrado durante la operación y quedó bajo protección institucional.
En su comunicado oficial, el Ministerio de Defensa señaló que “como resultado de la operación militar, se neutralizaron 10 de sus integrantes, todos ellos combatientes; así mismo se capturó uno más y se recuperó a un menor de edad en función continua de combate a quien se le restablecieron sus derechos”.
Tras ser ubicado por las tropas, el adolescente fue entregado a las autoridades competentes para la activación de las rutas de protección y atención integral.
El ministro Mora rechazó el reclutamiento de menores
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Mora, reiteró que la principal responsabilidad recae sobre los grupos ilegales que reclutan y utilizan menores en actividades armadas y criminales.
Desde el Gobierno se insistió en que la utilización de niños y adolescentes en estructuras armadas constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
El comunicado oficial enfatiza que “el reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”.
Asimismo, agrega que “es clara la responsabilidad de los Grupos Armados Organizados narcoterroristas, que infringen no solo el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como también la normatividad nacional que establece como tipo penal el reclutamiento ilícito”.
Gobierno anuncia acciones judiciales
Ante la gravedad de los hechos, los ministerios de Defensa y Justicia pusieron en marcha una mesa de trabajo orientada a fortalecer la respuesta institucional frente al reclutamiento de menores.
Según explicó el Ministerio de Defensa, la iniciativa contempla la participación de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades del Estado.
El objetivo será “definir una ruta integral que fortalezca la protección de los menores y la sanción de quienes los reclutan, utilizan o instrumentalizan para cometer delitos, incluyendo posibles ajustes penales, agravación de sanciones y el fortalecimiento de la persecución de las cadenas de mando y las redes de captación”.
El antecedente que preocupa
La discusión se produce en medio de cifras que siguen generando preocupación en el país. Datos revelados por Medicina Legal indican que durante el gobierno de Gustavo Petro, con corte al 31 de mayo de 2026, han muerto 458 personas en operaciones militares, de las cuales 62 eran menores de edad.
El propio Ariel Emilio Cortés señaló que, dentro de los registros recientes, cuatro menores han fallecido en operaciones durante el actual año, incluidos los tres adolescentes muertos en Guaviare.
Finalmente, el Ministerio de Defensa expresó su rechazo frente a la utilización de niños y adolescentes por parte de organizaciones armadas ilegales y manifestó que “lamenta que nuestros menores sigan siendo reclutados e instrumentalizados por grupos terroristas y bandas criminales, y rechaza de manera categórica esta aberrante práctica”.
La muerte de los tres adolescentes y el rescate de un cuarto menor vuelven a evidenciar una de las principales preocupaciones de las autoridades: el creciente reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por estructuras armadas ilegales que operan en regiones apartadas del país.