El ciudadano estadounidense Grant Gail, quien estuvo en el centro de una investigación por un presunto caso de abuso contra un menor de edad en un apartamento del norte de Bogotá, prepara acciones judiciales contra algunas de las personas que participaron en las denuncias iniciales, luego de que las autoridades determinaran de manera preliminar que no existían evidencias de agresión sexual contra los menores involucrados.
Así lo confirmó su abogado, Fabio Humar, quien aseguró que la defensa evalúa presentar denuncias penales por presunta injuria y calumnia, además de eventuales acciones civiles encaminadas a reclamar una reparación por los perjuicios causados a la familia.
«Vamos a iniciar acciones penales por injuria, por calumnia, y no descartamos iniciar acciones civiles en contra del patrimonio de estas personas para intentar reparar en algo el daño causado. Vamos a iniciarlas así nos tome una década, así nos tome lo último que hagamos», afirmó el abogado durante una entrevista radial.
El origen de la controversia
El caso se conoció luego de que residentes de un conjunto residencial alertaran a las autoridades tras observar al ciudadano estadounidense junto a un niño de siete años en el balcón de un apartamento alquilado temporalmente a través de una plataforma de hospedaje.
Las imágenes y denuncias generaron preocupación entre varios vecinos, quienes interpretaron la situación como un posible caso de abuso o maltrato infantil, lo que motivó la intervención de la Policía, entidades de protección de menores y organismos de investigación.
Sin embargo, tras las primeras diligencias adelantadas por las autoridades, entrevistas a los menores y valoraciones médico-legales, la hipótesis inicial comenzó a perder fuerza.
De acuerdo con la información conocida durante la investigación, el episodio observado por los vecinos habría correspondido a una situación familiar derivada de una discusión entre dos hermanos. Según esta versión, el ciudadano estadounidense habría salido al balcón con el niño de siete años para intentar tranquilizarlo y conversar con él, debido a que el apartamento era pequeño y en el interior permanecían la madre adoptante y dos hermanas menores.
Las autoridades también realizaron valoraciones a los tres menores involucrados con el fin de establecer si existían indicios de abuso o maltrato. Los resultados preliminares conocidos hasta ahora no habrían evidenciado agresiones sexuales.
Defensa habla de una «infinita injusticia»
El abogado Fabio Humar sostuvo que la familia estadounidense fue sometida a una situación injusta y traumática, especialmente por el impacto que tuvo el caso en redes sociales y medios de comunicación.
«Yo quiero pensar que son colaboradores que vieron en esto una infinita injusticia en contra de este americano, que vino a hacer el mayor acto de amor que uno puede hacer, que es adoptar», manifestó.
El jurista señaló además que varias personas han comenzado a suministrar información sobre quienes participaron activamente en las denuncias que originaron la controversia.
«Ayer recibí tal vez unos 18 o 19 WhatsApps y otro tanto de correos electrónicos y mensajes por redes sociales en los que me entregaban información de estas personas. Obviamente vamos a corroborar esa información», indicó.
Asimismo, explicó que la defensa busca establecer si algunos de los testimonios entregados ante las autoridades quedaron consignados formalmente en declaraciones o entrevistas.
«Vamos a revisar si alguno de esos ciudadanos entregó esa información por escrito o fue entrevistado por la Policía. De haber sido así, habría lugar a iniciar acciones por falso testimonio o fraude procesal», aseguró.
Continúa el proceso de adopción
El abogado también confirmó que el proceso de adopción adelantado por la familia estadounidense continúa su curso y que los hechos ocurridos en Bogotá no han significado la suspensión del trámite.
Según explicó, los procedimientos de adopción internacional en Colombia están sometidos a estrictos controles y verificaciones por parte de las autoridades competentes.
«Es un proceso absolutamente riguroso, que se hace con toda la disciplina y toda la transparencia», afirmó Humar.
El defensor agregó que dentro de las evaluaciones realizadas a las familias adoptantes se incluyen verificaciones de antecedentes, referencias personales y consultas a distintas autoridades estadounidenses, entre ellas organismos federales, con el fin de establecer que no existan antecedentes que comprometan la seguridad de los menores.
Investigación sigue abierta
Aunque los hallazgos preliminares conocidos hasta el momento descartan indicios de abuso sexual, las autoridades han reiterado que el caso continúa bajo investigación y que serán las entidades competentes las encargadas de emitir las conclusiones definitivas.
Mientras tanto, la defensa del ciudadano estadounidense insiste en que la familia fue víctima de señalamientos infundados y sostiene que acudirá a las instancias judiciales para buscar una eventual reparación por los daños sufridos durante los días en que se desarrolló la investigación.