
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la administración de Transmilenio S.A. que informe sobre las medidas adoptadas en respuesta a las denuncias realizadas por sus empleados respecto a presuntas violaciones de sus derechos fundamentales. La solicitud se produce tras la publicación de quejas por parte de los trabajadores a través de medios de comunicación, que señalan problemas significativos en sus condiciones laborales.
Las denuncias incluyen la falta de rutas de transporte adecuadas para llegar a sus puestos de trabajo, la ausencia de instalaciones para el uso de baños y posibles despidos masivos y no justificados. Estos temas han generado una creciente preocupación entre los empleados y la opinión pública.
En su papel de defensor del orden jurídico y de los derechos fundamentales, el Ministerio Público ha exigido a Transmilenio S.A. que proporcione un informe detallado sobre las acciones tomadas para abordar estas quejas. La Procuraduría ha establecido un plazo de cinco días hábiles para recibir esta información, con el fin de garantizar que se respeten los derechos laborales y se mantenga la transparencia en el manejo de la situación.
Esta medida subraya el compromiso de la Procuraduría con la protección de los derechos de los trabajadores y la vigilancia de las condiciones laborales en el ámbito del transporte público. Las autoridades esperan una pronta respuesta que aclare las medidas adoptadas y permita una resolución adecuada de las denuncias presentadas.