Opinión | Transición energética de Petro lo que el viento se llevó Rep. Carlos Edward Osorio

¡La transición energética en Colombia tambalea! Y no es para menos, porque el gobierno de Gustavo Petro, que tanto, pero que tanto la pregonó, ha terminado enredado en su propia maraña burocrática y su falta de gobernabilidad. Como dice el refrán, «del dicho al hecho

hay mucho trecho», y en este caso, el trecho es un auténtico y un genuino abismo.La salida de EDP Renewables del país es el símbolo más reciente y elocuente de una transición energética que no solo no avanza, sino que además se hunde en el pantano de la improvisación y de la incertidumbre. Esta empresa portuguesa, iba a ser la pionera en construir los parques eólicos Alpha y Beta en el Departamento de La Guajira; sin embargo la misma, decidió abandonar el barco ante la falta de garantías para operar en Colombia. La razón: inseguridad jurídica, retrasos en permisos y una regulación que cambia para donde sople el viento.

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No nos engañemos. El problema no es que la transición energética sea una mala idea, sino que en Colombia se ha intentado hacer con discursos grandilocuentes y cero ejecución.

Para la muestra un botón: según la Asociación de Energías Renovables, casi la mitad de los proyectos programados para 2024 y 2025 están atascados en trámites, como si fueran expedientes olvidados en un escritorio público. Y es que la enseñanza popular reza: «El que mucho abarca, poco aprieta» y en este caso, se abarca demasiado con promesas desmedidas, pero desafortunadamente no se aprieta en materia de gestión.

Hoy por hoy, en materia energética, Colombia sigue dependiendo de los hidrocarburos, que aportan el 18% del recaudo de renta de empresas justamente que le aportan al país. Si el gobierno quiere hacer realmente la transición energética también debe hacer una transición fiscal paralela, porque no puede pretender que mientras se desmoronan los proyectos de energía renovable, sea el sector minero y de hidrocarburos quien cargue con la responsabilidad, como ha pretendido el gobierno nacional.

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Advertido estaba el gobierno, que este sueño verde terminaría en una genuina pesadilla económica, por la forma y por la manera como lo presentaron. Y para acabar de completar, las facturas de gas han subido hasta un 30%, dejando a muchas familias sin otra opción que volver a cocinar con leña; es decir, menos desarrollo, y mucho más contaminación.

La falta de infraestructura adecuada es otro obstáculo de la transición. No basta con anunciar proyectos si no hay redes de transmisión eficientes ni políticas que incentiven la inversión privada en energías renovables. En La Guajira, donde los vientos soplan con fuerza, los proyectos se quedan varados en permisos ambientales que tardan años en aprobarse, en consultas previas que nunca terminan y en una burocracia que parece hecha para frenar, en vez de agilizar.

Por supuesto que la política energética de Gustavo Petro ha generado desconfianza en el sector. Empresas como Celsia también han manifestado su intención de retirarse de proyectos en La Guajira por los mismos motivos: inseguridad jurídica, sobrecostos y demoras. El gobierno parece no darse cuenta del impacto negativo que su falta de claridad está generando en la economía. El colmo es que, mientras los proyectos de energías limpias no avanzan, la demanda de energía sigue creciendo. Con la llegada del fenómeno del Niño, en 2024 el país enfrentó grandes desafíos por la limitada capacidad de las hidroeléctricas al disminuir el nivel de los embalses. Vale decir, de haber tenido los parques eólicos en funcionamiento, los mismos sumarían 1.800 megavatios de nueva capacidad de generación que era lo que se necesitaba para enfrentar el fenómeno.

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Dicho panorama sombrío, lo que demuestra indefectiblemente, es la necesidad de contar con nuevos proyectos, que como se ha dicho, se han quedado en los anaqueles de la indiferencia y de la burocracia gubernamental.

Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos en agosto de 2025 se realizará la primera subasta para proyectos de generación de energía eólica costa afuera, con proyección a que los proyectos estén listos en 8 o 10 años. Pero cabe preguntarse ¿qué motivación tendrán las empresas para ser parte de esta subasta cuando hay otras retirándose de estos proyectos?

El ex director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Rodrigo Negrete, quien renunció hace dos semanas, dijo hace aproximadamente un año que “…la entidad se prepara para sacar un proyecto de ley que impulse los procesos de licencias ambientales en el país”. Sin embargo dicho proyecto jamás ingresó ni fue radicado en el Congreso de la República por parte del Gobierno sino por parte de un Senador que vio las dificultades en la entrega de Licencias Ambientales.

Es evidente que la transición energética no puede darse de un día para otro; la transición per se no es el mesías o el salvador del sector energético. La transición debe ser estructurada y pensada con la visión de enfrentar los desafíos que esta conlleva, que de hacerse mal, puede traer serias implicaciones económicas como las que estamos teniendo en este gobierno.

Pero no nos sorprende, ¿Cómo podemos esperar soluciones para que este sector tenga planes de competitividad y desarrollo cuando llevamos un mes sin titular de la cartera del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo?

No olvidemos que además hay una crisis actual en el sector energético generada por las deudas impagadas por parte del gobierno, por concepto de subsidios, que deben ser transferidos a las distribuidoras de electricidad y que benefician a los estratos más vulnerables, esto es, los estratos 1, 2 y 3. Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) las deudas ascienden en la actualidad a $2,7 billones de pesos, y generan preocupaciones sobre posibles apagones en zonas vulnerables. ¿Será que al gobierno le preocupa más la narrativa que la realidad? o ¿es la misma estrategia del shu shu shu que ha tenido con las EPS?

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Definitivamente la falta de planificación y la incertidumbre regulatoria están espantando a los inversionistas y poniendo en riesgo la seguridad energética del país. En un contexto donde la demanda eléctrica sigue creciendo y los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes, es fundamental que se abandone la retórica y se pase de una vez por todas a la acción.