La Defensoría del Pueblo, en colaboración con su Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, ha diseñado un modelo innovador de resocialización productiva dirigido a las más de 1130 mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas recluidas en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín, conocido como Pedregal.
Este programa, construido sobre la base de espacios formativos, cuenta con la valiosa colaboración interinstitucional del SENA y el INPEC. Su principal objetivo es proporcionar a las mujeres y personas OSIGD-LGBTI las herramientas necesarias para acceder a una resocialización efectiva una vez que cumplan sus penas.
“Se trata de un programa construido sobre la base de espacios formativos, con la colaboración interinstitucional del Sena y del Inpec, cuya finalidad es facilitar que mujeres y personas OSIGD-LGBTI, luego de que cumplan sus penas, tengan las herramientas necesarias para acceder a las oportunidades de una resocialización efectiva en el país”, remarcó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Parte integral de este programa educativo es la posibilidad de aplicar a los beneficios establecidos en la Ley de Utilidad Pública en materia de justicia restaurativa. Esto implica adquirir conocimientos en diversas áreas, tales como primeros auxilios, manipulación de alimentos, panadería, confección, huerta y manejo de residuos, construcción y restauración, artesanías, redacción y ortografía, entre otros.
La Defensoría del Pueblo ha identificado que, en la población carcelaria, la oportunidad de formación técnica o complementaria es casi nula para la mayoría de las mujeres privadas de la libertad, lo que representa una grave carencia en sus posibilidades de reinserción. Por ello, se ha establecido una alianza institucional con el SENA para ofrecer cursos de formación adaptados a las necesidades específicas de cada una de ellas.
El programa no se limita únicamente a la cárcel de Pedregal, la entidad ha extendido su labor a nivel nacional, llevando jornadas de formación a centros penitenciarios en distintas regiones del país, como Jamundí, Sincelejo y Montería. La respuesta ha sido positiva, con más de 300 mujeres inscritas en los cursos hasta la fecha.
El objetivo final de estas iniciativas es proporcionar a las mujeres y personas OSIGD-LGBTI privadas de la libertad acceso al derecho fundamental de la educación, así como prepararlas para integrarse al mundo laboral una vez que cumplan sus condenas. La Defensoría del Pueblo enfatiza que su labor va más allá de la resocialización efectiva; busca garantizar el verdadero goce efectivo de derechos y brindar una nueva oportunidad real de vida en la sociedad para estas personas.
