La entidad advirtió que no se permitirán abusos contra los consumidores en el marco del salario mínimo de 2026 y recordó que ya existen medidas vigentes desde 2024 para vigilar la fijación de precios, especialmente en el sector vivienda.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que adelantará investigaciones contra las empresas que incrementen de manera injustificada los precios de bienes y servicios, en el marco de la aplicación del salario mínimo legal vigente para 2026. La advertencia se produce luego de la directriz impartida por el presidente Gustavo Petro, quien pidió reforzar la protección de los derechos de los consumidores frente a posibles abusos.
A través de un comunicado a la opinión pública, la SIC explicó que la discusión sobre el impacto del salario mínimo en los precios no puede convertirse en una excusa para prácticas que afecten el bolsillo de los ciudadanos. “La SIC del Cambio garantizará los derechos de las y los consumidores y los protegerá ante eventuales abusos que se presenten en el marco de la aplicación del salario mínimo vital”, señaló la entidad.
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Vigilancia a incrementos injustificados y prácticas abusivas
La Superintendencia recordó que, aunque el modelo económico colombiano se basa en la libertad económica y la libre competencia, esta no es absoluta. En ese sentido, precisó que se encuentra prohibida la fijación de precios inequitativos o excesivos, así como cualquier actuación coordinada entre agentes económicos o asociaciones que influya indebidamente en la determinación de las condiciones de comercialización de bienes y servicios.
“El modelo económico colombiano no solo reconoce la autonomía, la libertad iniciativa privada, la responsabilidad social y empresarial, sino que además prohíbe la fijación de precios inequitativos (excesivos), el actuar coordinado de los agentes económicos o la influencia indebida que puedan ejercer las asociaciones o agremiaciones”, indicó la SIC en el documento.
La entidad señaló que evaluará las distintas denuncias que puedan surgir en el marco de estas circunstancias, tanto por aumentos injustificados como por otras conductas que vulneren los derechos de los consumidores.
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Derechos del consumidor y posibles sanciones
En el comunicado, la Superintendencia reiteró que, en su calidad de autoridad nacional de protección al consumidor, investigará cualquier práctica que implique afectación al deber de información, la imposición de cláusulas contractuales abusivas o desequilibradas, la publicidad engañosa o el incumplimiento de garantías, entre otras conductas.
“La Superintendencia de Industria y Comercio reafirma su compromiso en la garantía de los derechos de las y los consumidores”, enfatizó la entidad, al tiempo que recordó que cuenta con facultades para imponer sanciones cuando se comprueben infracciones a la normativa vigente.
Recordatorio clave al sector vivienda
La SIC también recordó que desde 2024 existen instrucciones claras para el sector de la construcción y la comercialización de vivienda. A través de la Circular No. 4 de 2024, vigente desde febrero de 2025, la entidad ordenó que los precios de los proyectos de vivienda deben publicitarse y comercializarse exclusivamente en pesos colombianos.
“Los precios de los proyectos de vivienda deberán hacerse en pesos colombianos, de conformidad con lo expuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011”, recordó la Superintendencia, subrayando que esta medida busca garantizar transparencia y claridad para los consumidores inmobiliarios.
Llamado a la transparencia y al cumplimiento de la ley
Finalmente, la SIC indicó que continuará con labores de vigilancia activa y requerimientos de información a los agentes del mercado para verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y de libre competencia. La entidad reiteró que cualquier incremento de precios debe estar debidamente justificado y responder a criterios objetivos, y no a decisiones arbitrarias o concertadas.
Con este anuncio, el Gobierno Nacional y la Superintendencia refuerzan el mensaje de que la implementación del salario mínimo para 2026 no puede traducirse en aumentos indiscriminados de precios, y que el Estado ejercerá control para evitar abusos que afecten a los consumidores.
