La segunda audiencia judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores en la Corte del Distrito Sur de Nueva York terminó este jueves 26 de marzo sin una decisión de fondo sobre dos de los asuntos más sensibles del caso: la posibilidad de que el Gobierno de Venezuela pague la defensa privada de la pareja mediante una licencia de la OFAC y la disputa paralela sobre el tratamiento del material probatorio reservado. La diligencia se desarrolló en Manhattan, en una sesión preliminar que, según reportes de prensa en tiempo real, comenzó a las 10:49 a. m., hora de Colombia, es decir, 11:49 a. m. en Nueva York, y concluyó cerca del mediodía en Colombia, tras aproximadamente 90 minutos. Antes de entrar a sala, Maduro y Flores fueron trasladados en la madrugada desde el centro de detención de Brooklyn: distintas coberturas situaron su llegada al edificio judicial cerca de las 4:00 a. m. en medio de un fuerte esquema de seguridad.
Dentro del tribunal, el ambiente fue más sobrio que en la primera comparecencia de enero. Maduro y Flores permanecieron sentados en la mesa de la defensa, con uniforme carcelario y auriculares para traducción, mientras seguían las intervenciones de los abogados y, por momentos, tomaban notas. La agencia AP reportó que Maduro estaba sentado entre sus defensores, que en varios momentos miró hacia su esposa y que ambos escucharon el desarrollo de la audiencia sin intervenir directamente. Al final, Maduro estrechó la mano de su abogado y del traductor antes de ser retirado por alguaciles federales.
El eje central de la audiencia fue la pelea por el financiamiento de la defensa. El abogado de Maduro, Barry Pollack, insistió en que las sanciones de Estados Unidos están interfiriendo con el derecho constitucional de sus clientes a contar con un abogado de su elección. Según la cobertura de AP, Pollack defendió que no tendría sentido imponer defensores públicos “en un caso donde hay alguien distinto al contribuyente estadounidense listo, dispuesto y en capacidad de financiar esa defensa”. Reuters, por su parte, citó que la defensa sostiene que Maduro y Flores no pueden pagar sus honorarios por cuenta propia y que la imposibilidad de usar fondos estatales venezolanos afecta su derecho a una representación elegida libremente.
La fiscalía respondió con dureza. El fiscal federal adjunto Kyle Wirshba argumentó que permitir el uso de fondos del Estado venezolano socavaría el régimen de sanciones y sostuvo que la pareja puede recurrir a recursos propios si los tiene. AP recogió una de sus frases centrales ante el juez: “Si el propósito de las sanciones es porque los acusados están saqueando la riqueza de Venezuela, permitirles acceso a esos mismos fondos ahora para pagar su defensa socavaría las sanciones”. “Los acusados están saqueando la riqueza de Venezuela”. El Departamento de Justicia también defendió que, si no aparecen recursos propios disponibles, el sistema judicial podría designar defensores públicos o abogados de oficio.
El juez Alvin Hellerstein dejó claro, sin embargo, que no comparte del todo la lógica del Gobierno. Reuters lo citó diciendo: “The defendant is here, Flores is here. They present no further national security threat”, es decir, “El acusado está aquí, Flores está aquí. No representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional”. Y añadió que “el derecho que está implicado, por encima de otros, es el derecho constitucional a tener abogado”. Durante la audiencia, también presionó varias veces a la fiscalía para que aclarara si existen otros fondos disponibles con los que la pareja pueda pagar su defensa y se mostró escéptico frente al argumento de que las sanciones sigan justificándose por razones de seguridad nacional en este momento del proceso.
Pese a ese escepticismo, Hellerstein cerró la puerta, al menos por ahora, a la petición más drástica de la defensa: tumbar el expediente. AP lo citó de forma tajante: “I’m not going to dismiss the case”, es decir, “No voy a desestimar el caso”. El juez dejó abierta la posibilidad de reconsiderar el escenario más adelante, dependiendo de cómo resuelva la disputa por la financiación de los abogados. Al cierre, Hellerstein agradeció a las partes por sus intervenciones y dijo: “Muchas gracias por los excelentes argumentos. Espero dar a conocer mi decisión lo antes posible”. No fijó una nueva fecha de audiencia en ese momento.
En paralelo al choque por la OFAC, el proceso también sigue trabado por el manejo del material probatorio. La fiscalía pidió una orden de confidencialidad para restringir el acceso y la circulación de pruebas sensibles, con el argumento de que algunos coacusados siguen prófugos y podrían usar aparatos del Estado para intimidar testigos. La defensa aceptó buena parte de esa orden, pero mantiene objeciones frente a una cláusula que impediría compartir cierta evidencia con otros procesados del mismo expediente. Esa controversia tampoco quedó resuelta este jueves, de modo que el caso avanzó sin definiciones ni sobre los recursos para la defensa ni sobre las reglas finales de administración de la evidencia.
La audiencia estuvo rodeada además de una fuerte carga política. Afuera del tribunal, Reuters y AP reportaron la presencia de manifestantes a favor y en contra de Maduro, separados por la policía, mientras en Caracas también hubo expresiones de apoyo promovidas por sectores oficialistas. Poco antes de la comparecencia, el presidente Donald Trump declaró en Washington que “se van a presentar otros casos” contra Maduro y aseguró que sería sometido a “un juicio justo”.
Sobre el estado físico de los acusados, varias crónicas señalaron cambios visibles. Algunos medios describieron a Maduro más delgado que en su aparición anterior, mientras Cilia Flores compareció nuevamente bajo observación médica; Se solicitó un electrocardiograma para ella por motivos de salud no precisados. No obstante, esos detalles no aparecieron desarrollados con la misma amplitud en los reportes de Reuters o AP, por lo que siguen dependiendo principalmente de esas coberturas periodísticas y no de una declaración formal del tribunal.
Claro. Aquí tienes tres párrafos adicionales para sumar a tu nota, con énfasis en lo que dijo el juez y con información nueva:
Uno de los puntos más llamativos de la audiencia fue la postura del juez federal Alvin Hellerstein, qde 92 años. Durante la diligencia dejó claro que, por ahora, no está dispuesto a cerrar el proceso, pero también mostró reparos frente a la posición del Gobierno de Estados Unidos sobre el bloqueo de fondos para la defensa. “No voy a desestimar el caso”, dijo de manera tajante en sala. Sin embargo, también subrayó que el asunto de fondo seguía abierto y que el derecho constitucional a contar con abogado era un elemento central de su análisis. Reuters citó otra de sus frases más importantes: “El acusado está aquí. Flores está aquí. No representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional”.
A lo largo de la audiencia, Hellerstein presionó varias veces a la fiscalía para que explicara si existían otras fuentes de dinero disponibles para que Maduro y Cilia Flores pagaran su defensa. El juez puso en duda que la tesis de la seguridad nacional justificara, por sí sola, impedir que esos recursos fueran utilizados en esta etapa del caso. También dejó ver su preocupación por el impacto práctico de esa restricción sobre el derecho a una defensa efectiva. Al cierre de la sesión, después de escuchar los argumentos de ambas partes, agradeció las intervenciones y anunció que resolverá “lo antes posible” si ordena o no algún alivio frente al bloqueo de la OFAC para cubrir los honorarios de los abogados privados de la pareja.
Otra información nueva que dejó la jornada es que no se fijó fecha para una próxima audiencia ni para un eventual juicio, por lo que el proceso sigue en una fase preliminar marcada por disputas procesales más que por el examen de pruebas de fondo. Afuera de la corte hubo manifestaciones de apoyo y rechazo a Maduro, mientras en Washington el presidente Donald Trump afirmó, poco antes de la comparecencia, que “se van a presentar otros casos” contra el exmandatario venezolano. Al mismo tiempo, la cobertura de AP y Reuters coincidió en que la discusión principal ya no gira solo alrededor de los cargos, sino sobre si Maduro podrá seguir con su defensa privada o si terminará dependiendo de abogados designados por la corte si no se desbloquean recursos para pagar sus honorarios.
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron por segunda vez ante un tribunal federal de Nueva York tras su captura en enero durante una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas. Durante la audiencia, el exmandatario intentó convencer al juez de que el Gobierno de Estados Unidos está interfiriendo en su derecho a una defensa adecuada, al impedir que se utilicen fondos venezolanos para pagar a sus abogados, y sostuvo que el caso debería ser desestimado. En sala, ambos permanecieron sentados en la mesa de la defensa con auriculares para traducción simultánea y tomando notas de forma ocasional, mientras escuchaban los argumentos de las partes en un proceso que sigue centrado en disputas legales previas al juicio.
En términos judiciales, la conclusión de la jornada fue concreta: no hubo archivo del caso, no hubo decisión inmediata sobre la licencia OFAC, no se fijó todavía una fecha de juicio y tampoco quedó cerrada la discusión sobre el uso y circulación del material probatorio. El expediente contra Maduro y Flores, acusados en Estados Unidos de cargos que incluyen conspiración de narcoterrorismo y otros delitos relacionados con drogas y armas, sigue en fase preliminar, con un juez que exhibió reservas frente a la postura del Gobierno, pero que aún no da el paso de corregirla por orden judicial.
