La Sala Plena deberá decidir si acepta el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y, de ser así, designar un nuevo ponente. El trámite de fondo de la reforma impulsada por el Gobierno volverá a retrasarse.
La definición de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma pensional que estudia la Corte Constitucional volvió a aplazarse luego de que el magistrado ponente del caso, Jorge Enrique Ibáñez, presentara un impedimento para apartarse del análisis del expediente.
La solicitud, que deberá ser evaluada por la Sala Plena del alto tribunal, abre un nuevo compás de espera en uno de los procesos judiciales más relevantes para la agenda legislativa del Gobierno nacional.
Solicitud de impedimento del magistrado ponente
El magistrado Ibáñez radicó una carta de seis páginas en la que pidió apartarse del estudio de la reforma pensional, argumentando que podría configurarse una causal de impedimento debido a declaraciones públicas que realizó previamente sobre el trámite de la ley.
Según se conoció, el magistrado concedió entrevistas en las que se refirió a la constitucionalidad de la reforma y a la existencia de un posible vicio de procedimiento en su aprobación. Desde la Presidencia de la República —a través del secretario jurídico Augusto Ocampo— esas declaraciones fueron interpretadas como un eventual “prejuzgamiento sobre la validez de la ley”, lo que motivó cuestionamientos sobre su imparcialidad.
Se trata de la misma razón por la cual Ibáñez se apartó previamente del estudio del primer decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno.
La Sala Plena deberá analizar la solicitud en los próximos días. De acuerdo con fuentes jurídicas, el impedimento tendría altas probabilidades de ser aceptado.
Consecuencias procesales del impedimento
Si la Corte Constitucional acepta el impedimento del magistrado ponente, deberá designarse un nuevo responsable del expediente. Conforme a las reglas internas del tribunal, la nueva presidenta de la Corte, la magistrada Paola Meneses, asumiría la elaboración de una nueva ponencia.
Ese cambio implicaría reiniciar parte del estudio jurídico del caso. La nueva ponencia deberá revisar el expediente completo, elaborar un proyecto de decisión y someterlo nuevamente a consideración de los demás magistrados, lo que podría traducirse en semanas o incluso meses adicionales antes de una decisión definitiva.
El expediente se centra en determinar si la reforma pensional cumplió los requisitos constitucionales durante su trámite legislativo, especialmente en la Cámara de Representantes, donde se ha señalado un posible vicio de procedimiento.
Un tribunal dividido
El debate interno en la Corte ha estado marcado por una fuerte división. En diciembre de 2025 se registró un empate 4-4 entre los magistrados sobre el futuro de la reforma, debido al impedimento del magistrado Héctor Carvajal.
Ante esa situación, la Corte designó como conjuez al abogado Pablo Márquez, quien quedó habilitado para participar en la decisión y dirimir el empate.
Hasta ese momento, un bloque de magistrados —incluido Ibáñez— consideraba que la reforma no debía aprobarse en su estado actual. Algunos proponían devolverla al Congreso para subsanar el presunto vicio de trámite, mientras otros planteaban la posibilidad de declararla inexequible.
En contraste, otro grupo de magistrados sostenía que la reforma podía considerarse válidamente aprobada y avanzar hacia el examen de constitucionalidad de los artículos demandados.
La salida de Ibáñez del caso, de ser aceptada, podría modificar la correlación de fuerzas dentro de la Sala Plena y obligar a recomponer mayorías.
Lo que está en juego
La decisión sobre la reforma pensional junto al Decreto de Emergencia Económica son consideradas dos de las más relevantes del actual periodo de la Corte Constitucional y una pieza clave del legado legislativo del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El tribunal deberá definir si:
- La reforma regresa al Congreso para corregir el presunto vicio de procedimiento. En ese escenario, la Cámara de Representantes tendría que debatir nuevamente el proyecto y enviarlo otra vez a la Corte para revisión.
- La reforma se mantiene vigente, lo que permitiría activar su implementación y continuar con el estudio de las demandas contra artículos específicos.
Próximos pasos en la Corte
Antes de adoptar una decisión de fondo, la Sala Plena deberá resolver no solo el impedimento del magistrado Ibáñez, sino también otras recusaciones y situaciones procesales pendientes.
La eventual aceptación del impedimento no define la constitucionalidad de la reforma, pero sí prolonga la incertidumbre jurídica en torno a su vigencia y aplicación.
Mientras se designa un nuevo ponente y se elabora una nueva ponencia, la discusión de fondo sobre la reforma pensional seguirá en suspenso dentro del alto tribunal.
