Fiscalía llevará a juicio a Ricardo Roa: arranca la etapa de acusación por el caso de los topes electorales de la campaña Petro
Uno de los procesos judiciales más relevantes derivados de la campaña presidencial de 2022 acaba de entrar en su fase decisiva. La Fiscalía General de la Nación citó para el próximo 30 de octubre de 2026, a las 2:00 de la tarde, la audiencia de formulación de acusación contra Ricardo Roa Barragán, exgerente de la campaña de Gustavo Petro y expresidente de Ecopetrol, investigado por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación electoral y la violación de los topes legales de gastos de campaña.
La diligencia se llevará a cabo ante el Juzgado Once Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá y marca el inicio formal de la etapa de juicio dentro del proceso penal que adelanta la Fiscalía. Se trata de uno de los expedientes más sensibles políticamente de los últimos años, debido al papel que desempeñó Roa como responsable financiero de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República en 2022.
La audiencia que abre la puerta al juicio
La audiencia de acusación constituye el paso procesal mediante el cual la Fiscalía presenta formalmente ante un juez los cargos, las pruebas y la teoría del caso con la que pretende llevar a juicio a un investigado.
En este caso, el ente acusador sostiene que la campaña presidencial habría superado los límites de gastos establecidos por la legislación electoral colombiana y que dichas irregularidades habrían ocurrido bajo la administración financiera de Roa, quien tenía a su cargo el manejo de los recursos, la autorización de gastos y el reporte de información a través de la plataforma oficial Cuentas Claras.
Fuentes judiciales señalaron que la defensa del exdirectivo de Ecopetrol exploró la posibilidad de alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía, pero el proceso continuó avanzando hasta llegar a esta nueva etapa.
¿Cuál es el delito que le atribuye la Fiscalía?
Ricardo Roa fue imputado por el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales, conducta que sanciona a quienes administren o permitan exceder los montos máximos autorizados por la ley para la financiación de campañas políticas.
Según la investigación, la campaña presidencial habría reportado cifras inferiores a los gastos realmente ejecutados durante la contienda electoral de 2022.
La Fiscalía sostiene que las presuntas irregularidades afectaron principios fundamentales del sistema democrático.
“Estas presuntas irregularidades comprometerían la transparencia electoral y afectarían el principio de igualdad entre los distintos competidores dentro del proceso democrático”, indicó la fiscal encargada del caso durante las actuaciones judiciales.
Los montos que están bajo investigación
El expediente señala que la campaña habría excedido los topes electorales tanto en primera como en segunda vuelta presidencial.
De acuerdo con la Fiscalía:
Primera vuelta
- Tope legal autorizado: $28.536 millones.
- Gastos ejecutados: $29.924 millones.
- Exceso detectado: más de $1.388 millones.
Segunda vuelta
- Tope legal autorizado: $13.347 millones.
- Gastos ejecutados: más de $13.623 millones.
- Exceso detectado: $276 millones.
En total, la Fiscalía estima que los gastos reales habrían superado los límites permitidos por la ley en aproximadamente $1.664 millones.
Sin embargo, otras investigaciones y decisiones administrativas han manejado cifras aún mayores. El Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó que la campaña habría violado los topes por más de $3.000 millones y ocultado gastos adicionales que no fueron reportados oportunamente.
Las pruebas que presentará la Fiscalía
Dentro del material probatorio recopilado por los investigadores aparecen contratos, soportes contables, reportes financieros y registros de gastos que habrían sido reportados de manera incorrecta.
Uno de los hallazgos más relevantes corresponde a $358 millones relacionados con servicios de logística prestados por la empresa Seguridad Jamaro Ltda. y gastos publicitarios contratados con un canal de televisión.
Según la Fiscalía, dichos gastos habrían sido registrados como correspondientes a la segunda vuelta presidencial cuando realmente fueron ejecutados durante la primera vuelta.
También figura un pago superior a $12 millones efectuado a Hoteles de la Recolecta S.A.S., relacionado con un evento realizado el 1 de junio de 2022. Los investigadores sostienen que el gasto fue registrado en una etapa electoral distinta a aquella en la que realmente se produjo.
Además, el fiscal del caso ha mencionado gastos asociados a:
- Eventos de campaña.
- Ruedas de prensa.
- Transporte y logística.
- Alimentación.
- Créditos para actividades de cierre de campaña.
- Publicidad política.
- Aportes sindicales.
- Préstamos y movimientos financieros.
El papel de Ricardo Roa en la campaña
Para la Fiscalía, el rol de Ricardo Roa dentro de la estructura financiera de la campaña era determinante.
De acuerdo con la investigación, el hoy exdirectivo tenía bajo su responsabilidad:
- Autorizar compras.
- Aprobar gastos.
- Ordenar desembolsos.
- Administrar recursos.
- Manejar la cuenta principal de recaudo.
- Reportar la información financiera ante las autoridades electorales.
Los investigadores consideran que estas funciones lo convierten en una figura central para establecer cómo se administraron los recursos de la campaña presidencial.
Las otras investigaciones que enfrenta
El proceso por presunta violación de topes electorales no es el único frente judicial que enfrenta Roa.
El exfuncionario también ha sido mencionado en otras investigaciones relacionadas con su paso por Ecopetrol, entre ellas una indagación por presunto tráfico de influencias vinculada a la adquisición de un apartamento de lujo en Bogotá y a posteriores contratos celebrados por la petrolera estatal.
Además, este mismo lunes se conoció que un juez negó una solicitud relacionada con otro proceso vinculado a un millonario contrato de servicios de helicópteros durante su administración en Ecopetrol.
El calendario judicial que viene
Con la audiencia del 30 de octubre comienza formalmente la fase de acusación. Después de esta diligencia, el proceso continuará con las etapas habituales del sistema penal colombiano:
30 de octubre de 2026
- Audiencia de formulación de acusación.
- Presentación oficial de cargos por parte de la Fiscalía.
Posteriormente
- Audiencia preparatoria de juicio.
- Solicitud y admisión de pruebas.
- Citación de testigos.
- Controversia probatoria entre Fiscalía y defensa.
Etapa final
- Inicio del juicio oral.
- Presentación de evidencias.
- Interrogatorios y contrainterrogatorios.
- Alegatos de conclusión.
- Sentencia.
La audiencia fijada para finales de octubre será, por tanto, el punto de partida de un juicio que podría convertirse en uno de los procesos penales más importantes relacionados con la financiación de campañas presidenciales en la historia reciente de Colombia y que mantendrá bajo escrutinio la actuación de quien fue uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro durante la contienda electoral de 2022.
