Desde las instalaciones de la penitenciaría El Buen Pastor, las máximas representantes de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, y la Defensoría del Pueblo anunciaron una estrategia conjunta para fortalecer la implementación de la Ley de Utilidad Pública (Ley 2292 de 2023).
Esta normativa permite que mujeres condenadas por delitos cometidos en contextos de marginalidad puedan sustituir la pena de prisión por servicios comunitarios, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, trazó directrices claras para los fiscales del país, a través de la Directiva 0002 de 2024, con el fin de garantizar la aplicación efectiva de esta ley en los procesos judiciales. Dichas orientaciones buscan que los fiscales identifiquen los casos donde se pueda otorgar este beneficio, considerando factores como la marginalidad y las circunstancias de menor punibilidad.
Por su parte, la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, anunció que el Ministerio llevará un kit de asesoría jurídica a las mujeres privadas de la libertad para que puedan conocer si cumplen con los requisitos de la ley y cómo pueden acceder a este beneficio. Asimismo, en colaboración con la Defensoría del Pueblo, se entregará una guía pedagógica a autoridades judiciales, asistentes sociales y defensores públicos para profundizar en la comprensión de los conceptos clave que establece la norma, como la marginalidad y la figura de mujer cabeza de familia.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también contribuyó a este esfuerzo con la emisión de la Resolución Defensorial No. 003 de 2024, que orienta a los defensores públicos y demás autoridades para interpretar la Ley de Utilidad Pública con un enfoque de género. Según Marín, esta perspectiva es fundamental para garantizar que más mujeres puedan beneficiarse de esta medida alternativa a la prisión.
Desde su entrada en vigor, la Ley 2292 de 2023 ha beneficiado a 105 mujeres en todo el país, quienes han logrado sustituir su pena privativa de libertad por servicios comunitarios. Además, se encuentran habilitados 2.549 cupos en 27 organizaciones aliadas, entre ONG, entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro, para que más mujeres accedan a este beneficio.
Según cifras oficiales, en Colombia hay cerca de 5.942 mujeres que podrían acogerse a esta medida, de las cuales 1.423 se encuentran en la penitenciaría El Buen Pastor de Bogotá.
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La Ley de Utilidad Pública establece que las mujeres cabeza de familia condenadas a penas de hasta ocho años de prisión, por delitos cometidos en contextos de marginalidad, podrán sustituir la prisión por servicios comunitarios. Esta medida busca garantizar que estas mujeres puedan continuar cumpliendo su rol en la manutención del hogar mientras asumen su responsabilidad penal.
“Esta ley no solo humaniza la justicia, sino que permite una verdadera reintegración social para las mujeres en situación de vulnerabilidad”, destacó la ministra Buitrago Ruiz, quien subrayó que la articulación entre las instituciones será clave para lograr una implementación efectiva de la normativa.
