El miércoles 29 de enero asumieron oficialmente sus cargos Diego Guevara Castañeda como Ministro de Hacienda y crédito Público y Laura Sarabia Torres como Ministra de Relaciones Exteriores. Ambos lideran ministerios clave en la coyuntura política actual, con una economía
en crisis y una diplomacia frágil. Sus decisiones, marcarán la agenda del gobierno Petro en un momento de alta, pero de alta incertidumbre.
El panorama es cada vez más sombrío. En el Catatumbo, la guerra ha llevado a la declaración de un estado de conmoción interior, mientras que la relación diplomática y comercial con Estados Unidos pende de un hilo; de un hilo demasiado delgado; vulnerable y expuesta al
alcance de la publicación intempestiva de un trino por parte del presidente de la República. En medio de este caos, el Ministro de Hacienda ha anunciado una nueva Reforma Tributaria, Si, escucharon bien, una nueva reforma tributaria con la amenaza expresa de Petro, de que si
el Congreso no la aprueba, las partidas aplazadas en el Decreto 0069 de 2025, serán recortadas de manera definitiva.
Claramente se trata de una amenaza con sustrato manipulador, pues aún en el hipotético caso de que el Congreso aprobara una nueva reforma tributaria, que estoy seguro, no lo hará, la misma sólo podría entrar a regir, sí o sí en el 2026, conforme al inciso final del art 338 de la Constitución Política que reza: “Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.
Le Puede Interesar : Podcast. «Epa Colombia No Sufrirá en la Cárcel». Las Revelaciones de su Abogado Omar Ocampo
Dicho de otra manera, las partidas aplazadas de manera transitoria, tendrán que ser recortadas de manera definitiva durante la vigencia 2025, porque en el hipotético caso de que se aprobaran nuevos impuestos este año, los Ingresos que se recaudarían como producto de
dichos tributos, en el mejor de los eventos, harían parte del presupuesto de ingresos del próximo año 2026 y no del presupuesto adoptado mediante decreto para este año 2025.
El decreto 0069 expedido el 24 de enero, aplaza gastos por 12 billones de pesos, lo cual impacta ministerios clave como Hacienda, Trabajo, Defensa, Igualdad, Interior, Vivienda y Salud. Sin embargo ello era previsible, pues el Gobierno no podía asumir o suponer que todo lo
que se le presenta al Congreso de la República para su consideración, como era el caso delproyecto de ley de financiamiento, tuviera que ser aprobado. Además, con todo y lo que significa esta medida de aplazamiento de partidas del Presupuesto General de la Nación (PGN) donde se reduce de 523 a 511 billones de pesos los gastos; sigue siendo dicho Presupuesto de Gastos en monto de 511 Billones de pesos, el más alto de la historia, generando eso si, incertidumbre sobre la forma en que se ejecutará el mismo. A la incertidumbre económica se suman medidas tomadas bajo el estado de conmoción interior. El Decreto 0108 de 2025, permite que el Fondo Agropecuario de Garantías otorgue garantías
del 100% a los créditos de proyectos productivos para desplazados en el Catatumbo, Cúcuta y otras zonas del Cesar. Además, el Artículo 4o de este decreto, autoriza la expropiación administrativa de predios en procesos de adquisición para garantizar la reincorporación de
excombatientes y el retorno de víctimas del conflicto. Estas disposiciones han despertado alertas sobre el respeto a la propiedad privada y sobre transparencia en la adjudicación de tierras.
En el frente fiscal, el Gobierno ha propuesto tres nuevos impuestos para recaudar 1,63 billones de pesos: un IVA del 19% a los juegos de azar en línea ($519.000 millones), una contribución especial del 1% sobre exportaciones de petróleo y carbón ($214.000 millones) y un impuesto de timbre del 1% en notarías ($330.000 millones). Según el Gobierno, estos recursos financiarán la atención de la crisis social y de seguridad. No obstante, surgen dudas sobre la viabilidad de estas medidas. En primer lugar, no se justifica cómo se planea ejecutar más de un billón de pesos adicionales, cuando aún, hay 46 billones de pesos sin ejecutar. Además, en los 90 días decretados de la Conmoción Intetior, es incierto si se podrá recaudar la suma esperada.
Le Puede Interesar : Nicolás Maduro Anuncia «Operación Relámpago del Catatumbo» ¿Qué es? Entérese Aqui
Por otro lado, la medida decretada, permite afectar hasta el 10% de los ingresos generados por regalías en los departamentos productores de recursos naturales no renovables, con la condición de que estos recursos se inviertan en seguridad. Esta disposición de recursos de regalías, y otros del Sistema General del Participaciones, supondrían la modificación por parte del Ejecutivo del Presupuesto General de la Nación, bajo el amparo y la justificación del estado de conmoción interior, con la salvedad de que se debe rendir cuentas ante el Congreso sobre
dichos movimientos.
El gobierno Petro enfrenta una tormenta perfecta: una economía debilitada, una diplomacia
errática y una crisis en materia de seguridad, en expansión. La incertidumbre sobre el manejo fiscal y las medidas de emergencia podrían profundizar el descontento social y la desconfianza en las instituciones, pues todo parece indicar, que el Gobierno del Presidente Petro, intenta con el pretexto del catatumbo, recaudar ingresos adicionales de manera extraordinaria, que el Congreso no le aprobó por la vía ordinaria al denegar el proyecto de la mal denominada Ley de Financiamiento; cuando lo cierto de la situación, es que con menos derroche, con más eficiencia en la ejecución, y combatiendo rigurosamente la corrupción, podrían atenderse las necesidades estructurales, como las necesidades extraordinarias que se generan como producto de situaciones como las del catatumbo, sin necesidad de mayores cargas tributarias para los Colombianos.
Mientras tanto, el país sigue esperando soluciones concretas, más allá de amenazas y más allá
de decretos improvisados.
