El tribunal había asignado inicialmente un defensor de oficio, pero al inicio de la diligencia aparecieron Barry J. Pollack y Mark Donnelly, abogados con amplia trayectoria en casos federales y de alto impacto internacional
La primera comparecencia de Nicolás Maduro ante un tribunal federal de Nueva York no solo marcó el inicio formal del proceso penal por narcotráfico y delitos relacionados con armas, sino que también dejó en evidencia un giro clave en su estrategia jurídica. Aunque inicialmente el tribunal había designado un abogado de oficio para garantizar su representación, al comienzo de la audiencia se presentaron los abogados que finalmente asumirán la defensa tanto del exmandatario venezolano como de su esposa, Cilia Flores.
El proceso se desarrolla en el Distrito Sur de Nueva York, bajo la supervisión del juez Alvin K. Hellerstein, magistrado senior con décadas de experiencia en casos de terrorismo, narcotráfico y seguridad nacional.
Un abogado designado… y luego reemplazado
Horas antes de la audiencia, el tribunal federal había asignado como abogado de oficio a David L. Wikstrom, litigante con amplia trayectoria en el sistema judicial estadounidense. Su designación respondía a los protocolos del sistema federal, que garantizan representación legal inmediata incluso en procesos de alto impacto internacional.
Wikstrom asumió formalmente la defensa para la comparecencia inicial, que incluye la lectura de cargos y la verificación de derechos procesales. Sin embargo, esa representación fue transitoria. Al inicio de la diligencia, el propio tribunal fue informado de que Maduro ya contaba con abogado particular, lo que dio paso a la presentación de un equipo jurídico distinto y de mayor perfil internacional.
Barry J. Pollack, el abogado de Nicolás Maduro
La defensa principal de Nicolás Maduro quedó en manos de Barry J. Pollack, un abogado penalista estadounidense de alto perfil, con más de 30 años de experiencia en litigios federales complejos. Pollack es socio del prestigioso bufete Harris St. Laurent & Wechsler LLP, con oficinas en Washington D. C. y Nueva York, reconocido por asumir casos sensibles en materia de seguridad nacional, corrupción y delitos de alto impacto político.
Pollack cuenta con una sólida formación académica: es egresado de Indiana University y del Georgetown University Law Center, institución en la que también se ha desempeñado como profesor adjunto, impartiendo cursos de práctica de juicios penales federales. En el ámbito gremial, fue presidente de la National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL) y es miembro de organizaciones de élite como el American College of Trial Lawyers y la American Board of Criminal Lawyers.
Casos emblemáticos que marcan su perfil
La trayectoria de Barry Pollack incluye algunos de los procesos más mediáticos y complejos de los últimos años en Estados Unidos. Fue el abogado principal de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, y negoció con el Departamento de Justicia el acuerdo que permitió su declaración de culpabilidad y posterior liberación, tras años de litigio bajo cargos relacionados con la Ley de Espionaje.
Además, Pollack ha obtenido veredictos absolutorios en juicios con jurado federal, como en el caso de un exejecutivo de Enron acusado de fraude, y ha logrado la revocación de condenas erróneas en instancias de apelación. Analistas legales lo describen como un defensor estratégico, técnico y combativo, acostumbrado a litigar bajo alta presión política y mediática, un perfil que ahora se pone al servicio del caso Maduro.
Mark Donnelly, defensor de Cilia Flores
Por su parte, la defensa de Cilia Flores será asumida por Mark Donnelly, abogado con sede en Houston, especializado en delitos económicos y financieros. Donnelly es exfiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que le otorga experiencia directa en la lógica interna de la acusación federal.
De acuerdo con la información de su firma, Donnelly habla español, un elemento clave en un proceso con acusados de habla hispana y con fuerte componente internacional. Su rol será central, dado que Flores fue incluida por primera vez como acusada formal en el indictment, señalada de presuntamente participar en la coordinación de la red criminal que investiga la Fiscalía estadounidense.
El juez del caso
El proceso contra Maduro y Flores está en manos del juez Alvin K. Hellerstein, de 92 años, nominado por el presidente Bill Clinton en 1998 y juez senior desde 2011. Hellerstein ha presidido causas derivadas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y procesos de narcoterrorismo, entre ellos el del exjefe de inteligencia venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, quien se declaró culpable ante su despacho en 2024.
Su trayectoria lo perfila como uno de los magistrados más experimentados del sistema federal estadounidense, habituado a causas con alto impacto político y geopolítico.
Contexto del caso
Nicolás Maduro enfrenta cargos federales por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, delitos relacionados con armas y concierto para delinquir, en un expediente que lo señala como presunto jefe del Cártel de los Soles. Washington llegó a ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura.
Tras ser detenido el sábado 3 de enero en una operación de fuerzas especiales, Maduro fue trasladado a Nueva York, sometido a procedimientos iniciales en instalaciones de la DEA y recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, una de las prisiones federales de mayor seguridad.
Lo que sigue
Con la defensa ya definida y la declaración de inocencia registrada, el caso entra ahora en su fase preliminar formal. En los próximos días, el juez Hellerstein deberá resolver sobre condiciones de detención, fijar el calendario procesal y estudiar las primeras mociones que presenten Barry Pollack y Mark Donnelly.
La conformación de un equipo jurídico de alto perfil anticipa un proceso largo y técnicamente complejo, que ya es considerado uno de los juicios más relevantes de la historia reciente entre Estados Unidos y América Latina.
Minuto a minuto: comparecencia de Nicolás Maduro
10:06 a. m. – Venezolanos se concentran en los alrededores del juzgado federal en Manhattan, mientras se refuerza el esquema de seguridad.
9:46 a. m. – El Gobierno de Suiza anuncia la congelación inmediata de activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno en ese país.
9:00 a. m. – Se confirma que el juez Alvin K. Hellerstein llevará el proceso penal contra Maduro y su esposa Cilia Flores, incluida por primera vez en la acusación federal.
8:38 a. m. – El tribunal federal asigna oficialmente a David L. Wikstrom como abogado de Maduro para la comparecencia inicial.
8:23 a. m. – Un vehículo blindado, escoltado por agentes de la DEA, ingresa al juzgado federal de Nueva York transportando a Maduro y a Cilia Flores.
8:00 a. m. – Aterriza el helicóptero que trasladó a la pareja desde un punto de seguridad en las afueras de la ciudad. Ambos llegan esposados y con uniforme caqui del sistema penitenciario federal.
7:45 a. m. – Maduro y su esposa son trasladados desde el Metropolitan Detention Center de Brooklyn hacia un campo cercano, donde abordan un helicóptero bajo fuerte custodia.
6:00 a.m. Petro habla de «tomar las armas» para defender la soberanía
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que estaría dispuesto a volver a empuñar las armas si la soberanía del país se ve amenazada, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En un mensaje publicado durante la madrugada en su cuenta de X, Petro recordó su pasado en el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el compromiso adquirido tras la firma del acuerdo de paz de 1989. “Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, escribió el mandatario, al advertir que su posición responde exclusivamente a una eventual amenaza externa.
El presidente también negó de manera enfática cualquier vínculo con el narcotráfico y defendió la legitimidad de su mandato. “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”, señaló Petro, al tiempo que afirmó que su situación patrimonial ha sido transparente y verificable.
En otro apartado de su pronunciamiento, el jefe de Estado apeló al respaldo ciudadano y planteó un llamado a la movilización popular frente a lo que calificó como actos violentos ilegítimos. “Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país”, expresó. Agregó que la instrucción a la fuerza pública es clara: “No disparar al pueblo y sí al invasor”.
Finalmente, Petro afirmó “No hablo por hablar, confío en el pueblo y en la historia de Colombia que el señor Marco Rubio no ha leído”, concluyó el presidente, en referencia a las críticas y señalamientos provenientes desde sectores del gobierno estadounidense.
