El Gobierno nacional radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca tipificar como delito autónomo el tráfico, la fabricación, el desvío o el porte ilegal de fentanilo, como parte de una estrategia preventiva para impedir que Colombia se convierta en un país de tránsito o producción de esta sustancia.
La iniciativa fue presentada por los ministros de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, y del Interior, Armando Benedetti Villaneda, quienes señalaron que la propuesta se sustenta en razones de salud pública y seguridad ciudadana, y busca garantizar la investigación, judicialización y sanción efectiva de estas conductas.
“El proyecto es un mensaje claro a la comunidad nacional e internacional. Queremos impedir que Colombia se convierta en un lugar de transporte o fabricación de fentanilo, una sustancia que causa graves daños a la salud pública”, afirmó el ministro Idárraga, quien además destacó que el país mantiene una política de cero tolerancia frente al desvío de este medicamento desde el sector salud.
El titular de la cartera de Justicia aseguró que Colombia cuenta con instituciones sólidas y una democracia fuerte, y reiteró que el país no puede ser comparado con otras naciones afectadas por crisis asociadas al fentanilo. Incluso, invitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a observar de cerca las acciones que adelanta Colombia para evitar que esta sustancia afecte la salud pública, tanto a nivel nacional como internacional.
El proyecto propone modificar varios artículos de la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano, y establece penas que oscilan entre 11 y 30 años de prisión, además de multas que van desde los 2.164 hasta los 81.000 millones de pesos, para quienes incurran en delitos relacionados con el fentanilo.
La iniciativa contempla agravantes cuando las conductas involucren a menores de edad, se cometan con la participación de servidores públicos o contratistas del Estado, o cuando exista desvío desde instituciones prestadoras de salud, farmacias o laboratorios. También se endurecen las penas si los hechos se realizan a través de redes criminales organizadas o transnacionales, dentro de entornos educativos u hospitalarios, o si se financian grupos armados ilegales.
De igual forma, el proyecto plantea sanciones severas para profesionales de la salud que formulen, suministren o apliquen fentanilo de manera ilegal o en contravía de la normativa sanitaria vigente.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que se trata de una ley de carácter preventivo que busca evitar el traslado de laboratorios de producción de fentanilo a Colombia. “Todo lo relacionado con precursores, transporte, uso, exportación y distribución será penalizado”, señaló, al tiempo que destacó los avances del país en la lucha contra el narcotráfico y las incautaciones récord de drogas.
El proyecto también endurece las restricciones a beneficios y subrogados penales, como la sustitución de la pena o la libertad condicional, para delitos relacionados con fentanilo, aunque mantiene excepciones limitadas en casos como la colaboración eficaz o situaciones especiales de mujeres cabeza de familia.
Durante la radicación, el ministro Idárraga subrayó que la iniciativa incluye medidas de prevención y pedagogía desde un enfoque de salud pública, orientadas a informar a la ciudadanía sobre los efectos del consumo de fentanilo y las consecuencias legales de su tráfico o porte ilegal.
Con esta propuesta, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con la protección de entornos educativos y hospitalarios, así como de las poblaciones más vulnerables, y su política de cero tolerancia frente al desvío de fentanilo en Colombia.
