La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al millonario plan de contratación del Ministerio de Defensa que contempla inversiones por 13 billones de pesos para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, uno de los programas de modernización más ambiciosos de los últimos años.
La actuación del Ministerio Público comenzó con una reunión entre un equipo de la Procuraduría y las directivas del Ministerio de Defensa, encabezadas por la ministra encargada, Angélica Verbel López, junto con altos mandos del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.
El propósito del encuentro fue conocer el estado de los proyectos de contratación que serán financiados con los recursos aprobados mediante el CONPES 4187 del 27 de marzo de 2026, así como revisar los mecanismos mediante los cuales se ejecutará este presupuesto.
Vigilancia a la contratación
En desarrollo de sus funciones preventivas, la Procuraduría solicitó información detallada sobre los procesos contractuales que actualmente se encuentran en marcha y aquellos que están en fase de planeación, con el objetivo de verificar que las licitaciones, contrataciones directas y convenios interadministrativos se desarrollen con apego a los principios de transparencia, legalidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
Según explicó el organismo de control, la vigilancia se centrará especialmente en los procesos estratégicos destinados a fortalecer las capacidades operacionales de la Fuerza Pública.
¿En qué se invertirán los $13 billones?
Durante la reunión, el Ministerio de Defensa presentó los principales componentes del plan de inversión, cuyos recursos serán distribuidos entre el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.
El programa contempla, entre otras adquisiciones:
- Compra de helicópteros.
- Incorporación de nuevas aeronaves.
- Implementación de sistemas de defensa antidrones.
- Adquisición de equipos de inteligencia.
- Compra de tecnología para fortalecer la seguridad y las capacidades operacionales de la Fuerza Pública.
De acuerdo con la información presentada, los proyectos tendrán un horizonte de ejecución que oscila entre cuatro y ocho años, dependiendo de la complejidad de cada iniciativa.
Seguimiento permanente
Como resultado del encuentro, la Procuraduría anunció que la Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública hará parte de las mesas técnicas que acompañarán el desarrollo de estos procesos contractuales.
El organismo indicó que realizará un seguimiento permanente y exhaustivo a las licitaciones públicas, contrataciones directas y convenios interadministrativos que se adelanten para ejecutar este plan de fortalecimiento institucional.
La entidad señaló que el objetivo es ejercer un control preventivo que permita garantizar la correcta utilización de los recursos públicos, prevenir posibles irregularidades y contribuir a que las inversiones destinadas a la modernización de las Fuerzas Militares y la Policía se desarrollen conforme a la normatividad vigente.