La destitución y la inhabilitación por nueve años del exalcalde de Cartagena, William Dau, por parte de la Procuraduría General de la Nación ha generado reacciones del Gobierno. Esta decisión surge tras identificar presuntas irregularidades en la firma de un contrato para la adquisición de 10.000 pruebas de COVID-19, suscrito con la empresa Ventas, Distribución y Marketing LTDA.
Según el Ministerio Público, el contrato 08 de 2020 fue firmado sin que la empresa tuviera la capacidad para ejecutar el objeto contractual, lo que constituye una grave falta a los principios de la contratación estatal. Además, se señala que los precios unitarios de los kits adquiridos, de $72.500, eran significativamente superiores a los de otros laboratorios acreditados, que ofrecían precios desde los $21.500.
Para la Procuraduría el exalcalde «Desconoció el principio de la contratación estatal, al suscribir el contrato 08 de 2020 para la compra de pruebas rápidas para el diagnóstico y contención del Covid-19 con Ventas, Distribución y Marketing LTDA, no obstante, que la referida empresa al parecer no tenía la capacidad para ejecutar el objeto contractual».
La Procuraduría también destituyó e inhabilitó por nueve años a José Fortich Rebollo, entonces director del Departamento Administrativo de Cartagena, por su responsabilidad en estos hechos.
La procuradora Margarita Cabello destacó la transparencia de las investigaciones disciplinarias realizadas por la entidad, asegurando que se fundamentan en las normas legales vigentes. Sin embargo, la decisión ha generado controversia, especialmente por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que «la Procuraduría no puede inhabilitar a William Dau, necesitamos justicia. Colombia no es una dictadura, vamos a la construcción de una democracia real con estado social de derecho pleno».
“La Procuraduría siempre trabaja de manera transparente en sus investigaciones disciplinarias y con fundamento en las normas legales«, Procuradora, Margarita Cabello
El fallo de la Procuraduría argumenta que Dau «infringió de manera sustancial su deber funcional al celebrar el contrato con Ventas, Marketing y Distribución Ltda.» y que la entidad contratante debía haber tomado medidas para proteger los intereses de la población beneficiaria de las pruebas COVID-19. Este caso refleja una vez más las tensiones entre las autoridades y las acciones de control sobre los funcionarios públicos elegidos por voto popular.
Esta sanción se suma a una suspensión previa de cuatro meses impuesta a Dau por referirse de manera irrespetuosa a los directivos de la Universidad de Cartagena.
