Procuraduría inicia cinco indagaciones por hechos relacionados con menores de edad dados de baja en operaciones militares recientes
La Procuraduría General de la Nación inició este martes cinco indagaciones preliminares para esclarecer posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) durante las recientes operaciones militares adelantadas contra estructuras de las disidencias de las Farc, comandadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’. Las acciones ofensivas, desarrolladas en Guaviare, Caquetá, Amazonas y Arauca, han dejado como saldo al menos quince menores de edad fallecidos.
En un comunicado, el Ministerio Público señaló que las investigaciones se abren “en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales de vigilancia y control disciplinario de la conducta oficial”, con el fin de determinar si las tropas respetaron los principios de precaución, humanidad y proporcionalidad durante los bombardeos realizados en los últimos meses.
Indagaciones en cinco operaciones militares
El procurador delegado, Néstor Osuna, firmó los autos de apertura de las cinco indagaciones dirigidas contra miembros “por determinar” del Ejército Nacional. La primera corresponde a la operación del 24 de agosto en la vereda New York, en El Retorno, Guaviare, donde se reportaron bajas en un campamento en el que presuntamente había menores de edad.
La Procuraduría solicitó al Ministerio de Defensa y al Comando General de las Fuerzas Militares identificar las unidades y batallones que intervinieron, así como remitir la documentación operacional completa. También pidió información al comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Luis Carlos Córdoba, y a la Fiscalía General, la Justicia Penal Militar y el Instituto Nacional de Medicina Legal.
Medicina Legal informó el 17 de noviembre que había recibido ocho cuerpos asociados a esta operación, entre ellos tres menores de edad: dos de sexo masculino y uno femenino.
Contradicciones entre informes oficiales
Las indagaciones también buscan aclarar las diferencias entre las versiones de Medicina Legal y del presidente Gustavo Petro sobre el lugar y las circunstancias de la muerte adolescentes reportados inicialmente como fallecidos en Caquetá.
La Defensoría del Pueblo confirmó que los fallecimientos ocurrieron en Amazonas y los documentó en terreno. Para zanjar estas discrepancias, la Procuraduría realizará una inspección en Caquetá y ordenó recaudar 21 pruebas, incluyendo informes de patrullaje, material fotográfico, órdenes de operación y listados de personal que participó en las ofensivas.
Operaciones en Itilla y Puerto Rondón bajo la lupa
El ente de control también abrió investigación por la operación del 10 de noviembre en la vereda Itilla, municipio de Calamar (Guaviare), donde murieron siete menores de entre 13 y 17 años.
De igual forma, se indaga la operación realizada tres días después en Puerto Rondón, Arauca, en la que fallecieron ocho personas, entre ellas un menor de edad. Para ambas acciones se solicitaron las mismas pruebas al Ministerio de Defensa, el Comando de las Fuerzas Militares, la Fiscalía, la Justicia Penal Militar y Medicina Legal.
Una vez las entidades entreguen la información requerida, la Procuraduría adelantará inspecciones disciplinarias en los lugares desde los cuales se dirigieron las operaciones.
El presidente Gustavo Petro en las últimas horas ha pubicado varios mensajes al respecto:
«En la acción ofensiva sobre el frente de Iván Mordisco en Arauca se obtuvo el siguiente resultado: 1 adolescente rescatado con vida 8 muertos, dentro de ellos medicina legal confirmó que 1 adolescente de 16 años murió.
Hay otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede oscilar entre 15-25 años.
En los bombardeos contra las discidencias de alias mordisco lamentablemente murieron 4 adolecentes en Caquetá el 1 octubre 2025, 7 en Guaviare el 10 noviembre 2025 y 1 adolescente en Arauca el 13 noviembre 2025.
Todos ellos víctimas del reclutamiento forzado por parte de los criminales que los han llevado a las hostilidades y a quitarles la protección en las mismas»
Y agregó: «Si se suspenden los bombardeos los capos van a reclutar más niños y niñas,.porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores. En mi gobierno se ha reducido un 34% el reclutamiento de menores. Iván Mordisco es el mayor reclutador de menores en elmpaís , lo denunciaré a la corte penal internacional«.
Un examen institucional
El organismo de control subrayó que, ante la muerte de al menos quince menores en estas operaciones militares, se requiere un “examen institucional exhaustivo, riguroso y objetivo” para determinar si las Fuerzas Militares actuaron conforme al DIH y a los estándares nacionales que regulan el uso de la fuerza en escenarios de conflicto armado.
La Procuraduría recordó que el reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales es un crimen internacional que no admite amnistía:
“Las estructuras criminales tienen que admitir que no hay ninguna justificación válida para vincular niños, niñas y adolescentes a actividades de guerra”, señaló.
Aun así, la Procuraduría enfatizó que el DIH permite operaciones ofensivas contra objetivos legítimos incluso cuando hay menores reclutados entre los combatientes, siempre que se hayan tomado todas las medidas posibles para minimizar los daños a la población protegida.
Compromiso con el DIH y el debido proceso
Las indagaciones se realizarán con enfoque de imparcialidad, rigor y celeridad, garantizando el debido proceso y la articulación institucional necesaria para esclarecer los hechos.
Finalmente, la Procuraduría reiteró su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y con la observancia estricta del Derecho Internacional Humanitario:
“A pesar de lo doloroso y terrible de la noticia, es nuestro deber indagar si hubo alguna vulneración”.
