En los últimos 20 años, el Gobierno Nacional ha desplegado una serie de acciones, plasmadas en 8 Conpes y 8 Planes Nacionales, así como inversiones millonarias, con el objetivo de superar la grave crisis que aqueja al Sistema Carcelario y Penitenciario en Colombia. Sin embargo, un exhaustivo estudio realizado por la Contraloría General de la República revela que estas medidas han resultado insuficientes, evidenciando serias fallas en la articulación institucional y el desempeño de las entidades gubernamentales, especialmente de la Rama Judicial.
La investigación de la Contraloría pone de manifiesto la falta de acciones efectivas para abordar las causas estructurales de la problemática, tales como el crecimiento de los índices de delincuencia y violencia, el deterioro de las instalaciones carcelarias, la escasa aplicación de alternativas penales, el populismo punitivo y las múltiples modificaciones al Código Penal.
Un hallazgo preocupante del estudio es la disparidad en la información sobre cupos carcelarios manejada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), según la encuesta realizada entre los directores de establecimientos. Esto genera serias dudas sobre la veracidad de las estadísticas utilizadas para la toma de decisiones en políticas públicas y asignación de presupuestos.
La crisis carcelaria y los alarmantes niveles de hacinamiento no se resuelven únicamente aumentando la capacidad de los establecimientos de reclusión a nivel nacional. La Contraloría subraya la necesidad de implementar estrategias que mejoren las condiciones humanas y fomenten la resocialización de los internos, dado que los centros penitenciarios se han convertido, según el informe, en «universidades del crimen».
Los expertos consultados en el estudio enfatizan la importancia de una reingeniería y cambios estructurales en el INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), sugiriendo que la gestión actual presenta bajos índices de efectividad.
La Rama Judicial también juega un papel fundamental, especialmente los jueces de ejecución de penas y los fiscales, en el otorgamiento de beneficios y la aplicación de medidas penales. La Contraloría sugiere que cumplir con lo establecido en la ley puede equilibrar adecuadamente los cupos carcelarios y la población privada de la libertad.
Como parte de las soluciones propuestas, se destaca la necesidad de impulsar colaboraciones regionales entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, priorizando programas de resocialización y la incorporación a la sociedad de los pospenados, con un enfoque diferencial y la justicia restaurativa.
En conclusión, la Contraloría General hace un llamado urgente a realizar ajustes al Plan Decenal de Justicia 2017-2027, incorporando mecanismos eficaces para la coordinación entre instituciones y estableciendo metas alcanzables. Además, subraya que los resultados efectivos solo serán posibles si el INPEC y la USPEC incorporan cambios estructurales en su gestión.
