La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre el creciente impacto fiscal y social que está generando el fenómeno migratorio en Colombia.
Durante el foro “Problemática y retos de la migración en tránsito en Colombia”, realizado en Quibdó, el organismo de control presentó los resultados de un estudio intersectorial que reveló serias falencias en la implementación de la Política Pública Contra el Tráfico de Migrantes en el periodo 2016–2023.
Entre los principales hallazgos se identifican la falta de articulación entre la planeación y la ejecución de la política pública, vacíos normativos, ausencia de indicadores claros para el seguimiento y una escasa apropiación territorial. Además, las entidades no cuentan con una asignación presupuestal específica para ejecutar las estrategias, por lo que deben operar con recursos de funcionamiento, sin claridad sobre si estos han sido adecuados o insuficientes.
El estudio también señala que, a pesar de la expedición del Decreto 1692 de 2016 y la Ley 2136 de 2021, las entidades enfrentan limitaciones operativas y presupuestales. Migración Colombia, por ejemplo, no cuenta con el personal suficiente para atender el incremento de los flujos migratorios que ha experimentado el país en los últimos años.
A través del análisis del “Modelo Costo Migrantes”, desarrollado por la Dirección de Análisis de Información de la DIARI, se identificó que 1.179.270 migrantes han recibido apoyo estatal en Colombia, lo que ha representado un costo aproximado de $2,93 billones. La Contraloría advirtió que este gasto se incrementa rápidamente, lo que podría comprometer la sostenibilidad de los servicios públicos, en especial en sectores como salud y educación.
Otro aspecto preocupante es la transformación de la dinámica migratoria a raíz de nuevas políticas restrictivas adoptadas por Estados Unidos. Entre enero y abril de 2025, se ha registrado el ingreso de 7.592 migrantes provenientes de Panamá por vía marítima hacia el departamento del Chocó, principalmente mujeres, niños, niñas y adolescentes que ahora representan el 43% del flujo migratorio. La Contraloría subrayó que este grupo enfrenta riesgos diferenciados como la trata de personas, naufragios y desapariciones, lo cual exige una respuesta estatal más especializada.
A nivel territorial, la falta de reconocimiento del tráfico de migrantes como un problema de alto impacto ha impedido la asignación de recursos por parte de alcaldías y gobernaciones, a pesar de que muchas de ellas se encuentran desbordadas por la cantidad de migrantes en tránsito.
Desde 2015, Colombia ha experimentado un crecimiento sostenido en la migración irregular, alcanzando un pico en 2023 con más de 539.000 personas en tránsito hacia el norte del continente. En 2024, la mayoría de detecciones se concentraron en Antioquia (67,4%), seguido por Nariño (29,9%) y Putumayo (1,4%), siendo municipios como Necoclí y Turbo puntos clave de salida hacia Centroamérica.
La Contraloría insistió en la necesidad urgente de fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la planeación fiscal y focalizar recursos donde más se requieren, para garantizar una atención adecuada a la población migrante y proteger la sostenibilidad de los servicios públicos.
