El presidente Gustavo Petro sr pronunció luego de la divulgación de audios y conversaciones atribuidas a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, en las que presuntamente hablan sobre la recepción de dinero a cambio de favorecer intereses de empresarios, políticos y otras personas. La difusión del material ha reavivado la controversia alrededor de Juliana Guerrero, una de las figuras más cercanas al mandatario y quien actualmente enfrenta un proceso penal por el presunto uso de títulos académicos falsos.
A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado defendió que sus decisiones políticas no obedecen a relaciones personales y sostuvo que las hermanas Guerrero deben acudir a las autoridades para denunciar cualquier intento de corrupción del que hayan sido objeto.
El mensaje del presidente Petro
En su publicación, el mandatario escribió:
«La cercanía política no la mido por la belleza sino por la coherencia. Así que no hay que tratar de expresar opiniones sin repasar por mi biografía y mi pensamiento y no hay que malinterpretarme.
Llevan varios años tratando de construir relaciones sentimentales mías con varias mujeres hermosas. Trato de apoyar la mujer antes que nada y sí me interesa que la sociedad colombiana tenga una imagen de la mujer hermosa, que casi son todas las colombianas, alejada de la imagen construida por la narcocultura.
La mujer hermosa inteligente asusta a los hombres débiles de mente y guía la fuerza femenina que debe ser determinante en la lucha por la Vida y la Libertad.
No mezclo la sexualidad con el trabajo. Menos me dejó impresionar en mis decisiones políticas. Me equivoco mucho en las personas, porque la lealtad en el poder de Colombia están cocidas es por el dinero sucio y la cofradía del delito y yo me crié en un mundo de lucha política donde el compañerismo se construye sobre la base de intereses de cambio justo en al sociedad comunes, y la defensa común ante el peligro de la muerte.
Mientras el cemento de la lealtad ante la oligarquía es el dinero sucio, el cemento del compañerismo en el progresismo debe ser la búsqueda de transformaciones a favor del pueblo.
Es Juliana y sus hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y si recibieron dinero devolverlo y colaborar con la justicia.
El cometido de los empresarios no se cumplió porque mi gobierno ha construido barreras contra la corrupción. Espero que fuertes.
Juliana pudo ser una gran dirigente juvenil transformadora. En su corazón luchó esa posibilidad con el mundo tradicional del poder que habla de modas y no de cooperativas de confeccionistas, vallenatos que ya no hablan del campesino sino del paramilitar que cada vez es más mexicano y extranjero.
Bien que hablen de los intentos de corromper mi gobierno y bien que hablen que hasta en el caso de Olmedo, mi gobierno pudo resarcir hasta el último peso del dinero público.
Echamos a quien se sospeche de hurto al pueblo.
Ni Juliana ni su hermana tienen vínculo laboral con el gobierno y espero que logren reflexionar y delaten a los corruptos y logren cambiar sus almas hacia la verdadera acción revolucionaria y sin la calumnian sepan defender su nombre.»
¿Quién es Juliana Guerrero?
Juliana Andrea Guerrero Jiménez, de 23 años, ganó protagonismo dentro del Gobierno nacional tras su participación en organizaciones juveniles afines al proyecto político del presidente Gustavo Petro. Posteriormente trabajó en el Ministerio del Interior durante la administración de Armando Benedetti y también fue designada como delegada del Gobierno ante el consejo directivo de la Universidad Popular del Cesar. En 2025 fue postulada para asumir el cargo de viceministra de las Juventudes, nombramiento que finalmente no prosperó tras el escándalo por sus títulos académicos.
Los estudios que quedaron bajo investigación
Guerrero aseguró haberse graduado como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria en la Fundación Universitaria San José.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esos diplomas fueron expedidos de manera irregular y que la joven no cumplió requisitos legales para obtenerlos, entre ellos cursar el programa académico y presentar las pruebas Saber Pro, exigidas para acceder al título profesional. Según el ente acusador, los documentos fueron utilizados posteriormente en trámites oficiales para aspirar al cargo de viceministra.
El proceso penal en la Fiscalía
La investigación penal avanzó este año con la imputación de cargos contra Juliana Guerrero.
La Fiscalía la acusa del delito de fraude procesal, al considerar que presuntamente utilizó documentos académicos obtenidos de manera fraudulenta para inducir en error a la administración pública durante el proceso de verificación de requisitos para ocupar un cargo en el Ministerio de Igualdad. Paralelamente, el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, fue procesado por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público, al ser señalado de expedir las actas y diplomas cuestionados.
Ya fue llamada a juicio
El pasado 22 de julio, la Fiscalía anunció que Juliana Guerrero fue llamada a juicio por el delito de fraude procesal, al considerar que existen elementos suficientes para que un juez determine su eventual responsabilidad penal.
La acusación sostiene que Guerrero habría consignado información presuntamente falsa en la plataforma SIGEP II de la Función Pública con el propósito de acreditar requisitos académicos y acceder al cargo de viceministra de las Juventudes. Durante las audiencias iniciales la procesada se declaró inocente y no aceptó los cargos formulados por el ente investigador.
¿Qué sigue en el proceso?
Con el escrito de acusación radicado , el caso entra ahora en la etapa de juzgamiento. En las próximas audiencias, la Fiscalía presentará las pruebas documentales, periciales y testimoniales con las que busca demostrar que los títulos utilizados por Juliana Guerrero fueron obtenidos y empleados de manera irregular. La defensa, por su parte, tendrá la oportunidad de controvertir esas evidencias y solicitar la absolución de la procesada. Será finalmente un juez de conocimiento quien determine si existe responsabilidad penal o si la exfuncionaria debe ser absuelta de los cargos formulados.