La crisis política que enfrenta el Gobierno de Gustavo Petro sumó este martes un nuevo capítulo después de que el presidente anunciara acciones penales contra Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y actual gerente del Fondo Adaptación, luego de las explosivas declaraciones que la funcionaria entregó en entrevista radial.
La funcionaria, quien durante meses integró el círculo más cercano del mandatario, habló de presuntas amenazas, conflictos internos en el Gobierno, el poder que, según ella, ejercía Juliana Guerrero dentro de la Casa de Nariño, cuestionamientos sobre decisiones administrativas, episodios relacionados con su salud mental, presiones para realizar nombramientos y hasta temores por su seguridad personal.
Petro anuncia acciones judiciales
La respuesta presidencial llegó a través de X, donde Petro aseguró que las declaraciones de Rodríguez constituyen una campaña basada en mentiras y anunció que acudirá a la justicia.
Según el mandatario, la exdirectora del DAPRE ha desarrollado una narrativa que mezcla hechos reales con afirmaciones que considera falsas y calumniosas. Petro sostuvo además que las acusaciones afectan directamente su honra y la de varios integrantes de su Gobierno.
En su publicación, el jefe de Estado afirmó que no conocía a Angie Rodríguez antes de que llegara al DAPRE y calificó su gestión como un «desastre». También aseguró que decidió trasladarla posteriormente al Fondo Adaptación y no retirarla de la administración, decisión que atribuyó a consideraciones personales y humanitarias.
Además, Petro acusó a Rodríguez de construir señalamientos calumniosos y anunció que la vía penal será su respuesta frente a las denuncias formuladas por la funcionaria.
El mandatario respondió a las acusaciones lanzadas por su exdirectora del DAPRE, negó señalamientos sobre su vida personal y su relación con Juliana Guerrero, defendió el manejo de su Gobierno y aseguró que acudirá a los tribunales para proteger su nombre .
A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado anunció que emprenderá acciones penales contra quien fuera una de las funcionarias más cercanas de la Casa de Nariño, al considerar que sus recientes declaraciones están sustentadas en “mentiras” y constituyen un ataque “calumnioso” contra su integridad personal y su gestión de gobierno, negó cualquier relación sentimental con Juliana Guerrero, defendió su vida privada, respondió a las acusaciones sobre el caso del coronel Óscar Dávila y sostuvo que las afirmaciones de Rodríguez son producto de “paranoias” desarrolladas durante su paso por el Gobierno.
La ruptura comenzó con Juliana Guerrero
Uno de los temas centrales de la entrevista de Angie Rodríguez fue Juliana Guerrero.
La exdirectora del DAPRE afirmó que el deterioro definitivo de su relación con el presidente comenzó cuando se opuso al nombramiento de Guerrero como viceministra de Juventudes, argumentando que, según su criterio, no cumplía los requisitos exigidos para ocupar el cargo.
Rodríguez relató que trasladó su objeción directamente al presidente y que la respuesta de Petro fue interpretada por ella como una descalificación personal.
Según la funcionaria, después de expresar su desacuerdo recibió cuestionamientos sobre sus motivaciones y aseguró que incluso se produjeron comparaciones relacionadas con la apariencia física de ambas mujeres, situación que calificó como un episodio de violencia de género. Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a la versión entregada por Rodríguez y no han sido corroboradas por otras fuentes independientes.
“La influencia era desproporcionada”
Rodríguez fue más allá y sostuvo que Juliana Guerrero tenía una capacidad de incidencia dentro del Gobierno superior a la que normalmente tendría una persona sin cargo directivo de alto nivel.
Según su relato, Guerrero participaba en conversaciones relacionadas con nombramientos y llegaba a distintas entidades promoviendo hojas de vida para cargos estratégicos.
La exdirectora del DAPRE afirmó que existía una red de mujeres con capacidad de influencia dentro de algunas decisiones gubernamentales y aseguró que ella se convirtió en un obstáculo para dichos sectores por negarse a respaldar determinadas designaciones.
Estas afirmaciones han sido rechazadas desde sectores cercanos al Gobierno, mientras que Petro dedicó parte de su mensaje en X a defender a algunas de las jóvenes funcionarias mencionadas por Rodríguez.
Salud mental, ansiedad y depresión
Otro de los momentos más delicados de la entrevista giró en torno al estado de salud de la funcionaria.
Rodríguez confirmó que fue diagnosticada con depresión y ansiedad mientras trabajaba en el DAPRE. Explicó que estas condiciones surgieron, según su versión, como consecuencia de las presiones y el ambiente que enfrentó durante su permanencia en la Casa de Nariño.
La gerente del Fondo Adaptación afirmó que el presidente conocía su situación médica desde meses atrás y cuestionó que posteriormente se utilizaran públicamente referencias a sus incapacidades para descalificar sus denuncias.
Durante la entrevista sostuvo que tener depresión o ansiedad no significa incapacidad profesional y denunció una presunta estigmatización de la salud mental.
En una de las frases más fuertes de toda la conversación, Rodríguez afirmó que considera a Petro su «mayor victimario» dentro del proceso que derivó en el deterioro de su salud emocional. También llegó a decir que quien más necesitaría ayuda psicológica sería el propio presidente, debido a lo que describió como contradicciones en su comportamiento político y administrativo.
Denuncias sobre amenazas y miedo por su vida
Rodríguez también aseguró tener temor por su seguridad.
La funcionaria afirmó que recibió advertencias, que siente preocupación por su integridad física y que decidió hacer públicas sus denuncias porque considera que debía dejar un registro de lo que, según ella, ocurre dentro del Gobierno.
En sus declaraciones pidió incluso respaldo ciudadano y aseguró tener un miedo profundo por ella y por su familia. Sus afirmaciones generaron reacciones dentro del Congreso, donde algunos dirigentes solicitaron reforzar las garantías de seguridad para la exdirectora del DAPRE.
El caso Óscar Dávila
Uno de los apartados más polémicos de la entrevista fue su referencia al coronel Óscar Dávila.
Rodríguez aseguró que algunos policías con quienes tuvo contacto tras llegar al DAPRE le manifestaron que, en su opinión, la muerte del oficial no habría sido un suicidio.
La funcionaria aclaró que no tuvo participación directa en el caso y reconoció que esas versiones provenían de conversaciones con uniformados cercanos al coronel. También sostuvo que siempre tuvo temor de involucrarse en ese asunto debido a la sensibilidad del tema.
No obstante, Rodríguez señaló que serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer la verdad sobre ese episodio.
La Mojana y el supuesto traslado de recursos
Otro de los puntos de choque con el Ejecutivo estuvo relacionado con La Mojana.
Rodríguez aseguró que se opuso a iniciativas que, según ella, buscaban modificar la destinación de recursos cercanos a un billón de pesos destinados para proyectos en esa región.
La funcionaria afirmó que exigió soportes técnicos antes de permitir cualquier modificación y sostuvo que esa posición generó nuevos conflictos dentro de la administración.
Una guerra política que termina en los estrados
Lo que comenzó como una disputa interna terminó convirtiéndose en una confrontación pública entre dos personas que hasta hace poco compartían el núcleo de poder del Gobierno Petro.
Mientras Angie Rodríguez sostiene que decidió hablar para denunciar presuntas irregularidades, presiones y estructuras de influencia dentro de la Casa de Nariño, el presidente insiste en que sus acusaciones son falsas, que hacen parte de una estrategia para mantenerse en el cargo y que responderá ante los jueces para defender su nombre y su legado político.
Con la denuncia anunciada por el mandatario y las declaraciones cada vez más contundentes de la exdirectora del DAPRE, el enfrentamiento pasa ahora del terreno mediático y político al judicial, donde deberán evaluarse las denuncias, las pruebas y las responsabilidades de ambas partes.