La Personería de Bogotá anunció la suspensión de la diligencia de desalojo que estaba programada para ejecutarse en el barrio El Remanso, ubicado en la localidad de Bosa, tras advertir que no existían garantías suficientes para proteger los derechos fundamentales de la población residente.
El personero de Bogotá señaló que, aunque las decisiones judiciales y administrativas son de obligatorio cumplimiento, su ejecución debe realizarse respetando la dignidad humana y asegurando la protección especial de las personas en condición de vulnerabilidad.
«Las decisiones emanadas de nuestros jueces son de obligatorio cumplimiento; sin embargo, en este caso debe garantizarse que su materialización no vulnere los derechos fundamentales de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y, en general, de los habitantes del barrio El Remanso», afirmó el jefe del Ministerio Público Distrital.
El caso se remonta a un trámite policivo decidido por el Consejo de Justicia de Bogotá en 2019, mediante el cual se ordenó la restitución de un bien inmueble. Posteriormente, un juez constitucional dispuso las acciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento del fallo, por lo que el pasado 6 de mayo estaba prevista la diligencia de desalojo.
Ante la inminencia del procedimiento, un grupo de habitantes acudió a la Personería de Bogotá en busca de protección. Tras realizar un análisis técnico de la situación, la entidad concluyó que no existían condiciones adecuadas para garantizar los derechos fundamentales de las familias afectadas y, por ello, solicitó la suspensión de la diligencia y presentó una acción de tutela.
Según informó la Personería, en el predio habitan cerca de 483 personas distribuidas en aproximadamente 98 unidades habitacionales. Entre ellas se encuentran 173 niños, niñas y adolescentes, además de 50 adultos mayores, población que requiere medidas especiales de protección.
«Nuestra preocupación se sustenta en la realidad humana que encontramos en este predio. Son personas vulnerables que requieren especial protección y que no pueden quedar desamparadas sin una ruta de atención integral y clara», expresó el personero.
La entidad enfatizó que no busca obstaculizar el cumplimiento de las decisiones judiciales, sino propiciar alternativas que permitan una eventual actuación con el menor impacto posible sobre las familias y con pleno respeto por sus derechos y garantías.
Finalmente, la Personería destacó que el Inspector 7A de Convivencia y Paz de Bosa acogió los argumentos presentados y decidió suspender la diligencia que se encontraba programada.
El organismo de control aseguró que continuará vigilando el proceso para que el cumplimiento de la ley en Bogotá esté siempre acompañado de humanidad y de la protección integral que merecen todos los ciudadanos.