La Contraloría General de la República lanzó una dura advertencia al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por los graves riesgos que enfrenta la ejecución del contrato 012 de 2024, firmado con la empresa estadounidense Vertol Systems Company para la adquisición de bienes, mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17.
El organismo de control inició un seguimiento permanente desde el 12 de agosto de 2025, luego de que se conocieran denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades en el proceso contractual. Tras tres meses de verificación, la Contraloría Delegada para el Sector Defensa concluyó que hay un riesgo inminente para el patrimonio público: más de USD 13 millones del anticipo entregado estarían en inminente riesgo de pérdida.
Anticipo elevado y avance mínimo
El contrato, cuyo valor total asciende a USD 32,4 millones, registra un avance físico de apenas el 8 %, pese a que ya se entregó un anticipo del 50 % (USD 16,231 millones). Para la Contraloría, existe un «desbalance crítico» entre los recursos entregados y la ejecución real, lo cual compromete la culminación del objeto contractual, cuyo plazo vence el 15 de noviembre de 2025.
Aunque el supervisor del contrato —desde la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército— emitió reiteradas advertencias los días 21 de febrero, 30 de junio y 23 de agosto de 2025, el Ministerio de Defensa solo inició el debido proceso por presunto incumplimiento hasta el 3 de septiembre, una reacción que el organismo de control califica de tardía.
Deficiencias en la selección del contratista
El informe reveló fallas en las evaluaciones económica, técnica y jurídica realizadas al oferente. Según la Contraloría:
- Vertol Systems no acreditó la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato.
- No se pudo verificar la experiencia técnica exigida.
- Aun sin cumplir los requisitos, el Ministerio otorgó aval jurídico, contraviniendo el principio de selección objetiva.
Pólizas insuficientes y riesgo de no recuperar el dinero
El riesgo de pérdida de los recursos públicos se profundiza por el tipo societario de la empresa contratista, catalogada como una compañía de responsabilidad limitada, lo cual dificulta que sus socios respondan con su patrimonio ante posibles incumplimientos.
Además, la Contraloría alertó sobre tres modificaciones a las garantías contractuales. La última prórroga, vigente hasta el 11 de marzo de 2025, redujo el nivel de cobertura exigido. La póliza que ampara la devolución del anticipo vence en noviembre de 2025 y no cubre el periodo de liquidación, que podría extenderse hasta por dos años.
Impacto en la capacidad operativa del Ejército
El incumplimiento del contrato no solo involucra riesgos fiscales, sino también operacionales. La falta de mantenimiento y de repuestos para la flota MI-17 podría provocar la inmovilización parcial de los helicópteros, esenciales para:
- movilidad aérea de tropas,
- transporte logístico,
- evacuaciones,
- misiones estratégicas en zonas de difícil acceso,
- respuesta oportuna ante amenazas a la seguridad nacional.
La Contraloría pidió al Ministerio de Defensa adoptar medidas inmediatas para salvaguardar los recursos públicos y garantizar el cumplimiento del contrato, antes de que el impacto financiero y operativo se torne irreversible.
