Fiscalía sostiene que los exministros lideraron un plan para direccionar $612.237 millones en contratos a congresistas a cambio de apoyo legislativo a las reformas pensional y de salud. La audiencia se cumple ante el Tribunal Superior de Bogotá.
“Pacto criminal para asegurar mayorías”: así avanza la audiencia de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco
La audiencia de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco avanza con revelaciones que comprometen directamente al alto gobierno del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía expuso este lunes un detallado relato sobre cómo funcionaría una supuesta estructura criminal que habría operado desde el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el objetivo de intercambiar contratos por votos en el Congreso de la República. Los hechos, según el ente acusador, apuntan a un direccionamiento contractual por más de $612.237 millones para asegurar la aprobación de las reformas bandera del Gobierno.
La diligencia se adelanta en el Tribunal Superior de Bogotá, donde la Fiscalía imputó a los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) por los delitos de:
- Concierto para delinquir
- Cohecho por dar u ofrecer
- Interés indebido en la celebración de contratos
La audiencia comenzó de forma mixta: Bonilla asiste presencialmente, mientras que Velasco se conecta de manera virtual. La magistrada Aura Alexandra Rosero dirige la diligencia.
En la diligencia, dirigida por la magistrada Aura Alexandra Rosero en el Tribunal Superior de Bogotá, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, afirmó que Bonilla y Velasco “lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal”. Según su exposición, ambos exministros habrían impartido órdenes directas, sostenido reuniones con congresistas y coordinado gestiones mediante funcionarios intermedios para direccionar proyectos estratégicos en Invías y la UNGRD. El propósito: asegurar mayorías en las comisiones que discutían la reforma pensional, la reforma a la salud y las operaciones de crédito público de la Nación.
La Fiscalía detalló que el plan habría operado entre mayo de 2023 y febrero de 2024 y que, dentro de ese periodo, los exministros “ofrecieron ilícitamente proyectos contractuales financiados con recursos del erario a parlamentarios de las comisiones Primera y Séptima del Senado, y de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso” a cambio de su apoyo legislativo. En su intervención, la fiscal Patiño mencionó a figuras como Olmedo López, Sneyder Pinilla, la senadora Martha Peralta y el senador Julio Elías Chagüi, quienes habrían participado o facilitado la ejecución de los acuerdos cuestionados.
Minuto a minuto
1:50 p. m. Exministros no aceptan cargos
El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla se declaró inocente tras escuchar los señalamientos del ente acusador. Durante la audiencia, al ser consultado por la magistrada sobre si aceptaba o no los cargos, Bonilla fue enfático en su respuesta: “Soy inocente y no acepto cargos”. Con esa afirmación, el exfuncionario dejó claro que rechaza por completo la imputación de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, delitos por los que la Fiscalía lo investiga dentro del escándalo de la UNGRD.
Por su parte, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco también negó cualquier participación en los hechos descritos por la Fiscalía y descartó la posibilidad de llegar a acuerdos con el ente acusador. En su intervención, reiteró que no tiene razones para negociar porque no cometió ningún delito: “No acepto cargos, no tengo nada que negociar con la Fiscalía porque soy inocente”
1:11 p. m. – Magistrada Aura Alexandra Rosero pregunta a los exministros Velasco y Bonilla si entendió los cargos y si aceptan o no los cargos imputados por la Fiscalía
la Fiscalía imputó a los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) por los delitos de:
- Concierto para delinquir
- Cohecho por dar u ofrecer
- Interés indebido en la celebración de contratos
Ricardo Bonilla asiste presencialmente, mientras que Velasco se conecta de manera virtual.
La fiscal detalló 7 hechos en los que habrían participado los exministros, la Magistrada Rosero luego de preguntar si entendió los cargos impartió legalidad a los cargos imputados.
» A partir de ahora exministros Bonila y Velasco obtienen la calidad de imputados…. la prohibición de enagenar bienes, se oficiará además al ministerio de Transporte, por su calidad de exministros a ustedes se les agravan los cargos »
1:25 p. m. – Mauricio Pava, Defensa solicita retirar el delito de concierto para delinquir al exministro Ricardo Bonilla
1:11 p. m. – Procuraduría respalda imputación, pero pide mayor claridad visual
El delegado del Ministerio Público indicó que acompaña la imputación adelantada por la Fiscalía, aunque señaló que habría sido útil presentar “cuadros o mapas que relacionaran cada hecho con su respectivo responsable”, para facilitar la comprensión del entramado.
1:10 p. m. – Vocero de víctimas respalda a la Fiscalía
El delegado de la Contraloría aseguró que la acusación está soportada en “hechos documentados” y destacó la gravedad de las conductas descritas por la Fiscalía.
11:36 a. m. – Fiscalía concluye descripción del entramado
La fiscal María Cristina Patiño cerró la exposición asegurando que Velasco y Bonilla “lideraron, promovieron y dirigieron la organización criminal”, y que cada actor cumplió un rol específico para lograr que congresistas votaran a favor de las iniciativas del Gobierno.
10:50 a. m. – La frase más contundente: “Se compraron congresistas”
Patiño afirmó que ambos exministros “se concertaron entre sí y con otros funcionarios para asegurar mayorías parlamentarias a través de contratos financiados con recursos del erario”.
10:03 a. m. – Fiscalía revela el monto del direccionamiento: $612.237 millones
Patiño detalló que habrían sido direccionados 79 proyectos, de los cuales:
- 74 a través de Invías → $571.701 millones
- 5 en la UNGRD → $40.536 millones
Solo 7 convenios se concretaron.
9:47 a. m. – Los cupos indicativos, el eje del presunto plan
Según la Fiscalía, los exministros impulsaron proyectos a congresistas que manejaban cupos indicativos con el fin de “asegurar gobernabilidad y votos a finales de 2023”.
9:43 a. m. – Fiscalía habla de un “pacto criminal”
Patiño sostuvo que Velasco y Bonilla “ofrecieron a determinados parlamentarios dirigir, tramitar y priorizar contratos en Invías y la UNGRD a cambio de apoyo a proyectos legislativos del Gobierno”.
9:36 a. m. – Inicia la presentación de los hechos
La fiscal recordó que Velasco era el encargado de impulsar las reformas clave del Gobierno Petro, mientras que Bonilla tenía la responsabilidad de articular la política económica y las operaciones de crédito público.
«Un plan para impulsar las reformas pensional y de salud» Fiscalía
Según la Fiscalía, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se habría estructurado una organización destinada a intercambiar contratos por votos en el Congreso. La fiscal Patiño aseguró que ambos exministros:
“Lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando gestiones ilícitas al interior del Invías y la UNGRD.”
El objetivo era asegurar mayorías para las reformas pensional, de salud y para las operaciones de crédito público requeridas por el Ministerio de Hacienda.
Los actores mencionados
Durante la audiencia fueron señaladas varias figuras clave:
1. Olmedo López y Sneyder Pinilla
Exdirectivos de la UNGRD que, según la Fiscalía, operaban como piezas centrales del direccionamiento contractual.
2. Senadora Martha Peralta Epiayú (Pacto Histórico)
Fue mencionada como “líder de la estrategia política para asegurar votos a la reforma pensional”.
3. Senador Julio Elías Chagüi (Partido de la U)
Se le atribuye un papel relevante en la negociación de cupos indicativos y tres proyectos de Invías en Córdoba.
4. María Alejandra Benavides
Exasesora del Ministerio de Hacienda y testigo clave tras la solicitud de principio de oportunidad.
Benavides relató reuniones, presiones, manejo de listas de congresistas y su interlocución con asesores del Dapre.
La Fiscalía dice que el exministro fue determinador.
Los hechos narrados por la Fiscalía: contratos a cambio de votos
La fiscalía aseguró que Velasco habría instruido a Olmedo López:
“Apoyar la reforma pensional mediante la entrega de contratos a ciertos congresistas de la Comisión Séptima.”
Entre los proyectos mencionados figuran:
- Obras en Puerto Concordia (Meta) por $5.458 millones
- Mitigación de riesgos en Mistrató (Risaralda) por $4.811 millones
- Proyectos en Aguazul (Casanare)
- Contrato en La Guajira por $2.125 millones
En paralelo, Bonilla habría impulsado la aprobación de cupos indicativos a través de sus asesoras Andrea Ramírez y Benavides:
“Era necesario direccionar proyectos para las regiones a favor de congresistas, autorizados por el ministro Bonilla.”
Benavides entregó un documento con 71 proyectos para beneficiar a comisiones de Senado y Cámara.
El encuentro del Dapre: el “cónclave” del 27 de noviembre
La Fiscalía describió una reunión organizada por Carlos Ramón González (hoy prófugo) en la sede del Dapre. Allí, según la versión expuesta por Patiño:
“Velasco explicó cómo entregar contratos como coima a los congresistas a cambio de sus votos.”
Ese encuentro habría sido clave para destrabar créditos públicos y alinear apoyos legislativos.
La defensa de los exministros
El abogado de Bonilla, Mauricio Pava, anunció que pedirá la nulidad de la imputación:
“La calificación jurídica es improcedente. Lo que sería una supuesta coparticipación se está convirtiendo injustificadamente en un concierto para delinquir.”
Lo que significa la imputación
Con la decisión de hoy, ya son seis altos exfuncionarios del gobierno Petro imputados formalmente por el caso UNGRD:
- Ricardo Bonilla
- Luis Fernando Velasco
- Olmedo López
- Sandra Ortiz
- Carlos Ramón González (prófugo)
- César Manrique (prófugo)
Congresistas detenidos e investigados
Los congresistas Iván Name y Andrés Calle, expresidente y presidente de la Cámara de Representantes durante 2023 y 2024, permanecen privados de la libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, que los investiga por su presunta participación en el entramado de corrupción relacionado con la UNGRD, específicamente por supuestamente haber recibido o gestionado contratos direccionados a través de cupos indicativos a cambio de apoyar proyectos del Gobierno Nacional. Ambos enfrentan procesos por delitos como cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir, y sus expedientes avanzan en la Sala de Instrucción, que ha recopilado testimonios, documentos oficiales, chats y registros de reuniones con exfuncionarios de la Unidad.
Además de Name y Calle, la Corte Suprema mantiene abiertas investigaciones preliminares y líneas de indagación sobre otros congresistas mencionados en declaraciones de testigos clave como Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como en los documentos hallados en el Ministerio de Hacienda y el Invías. Entre ellos figuran los senadores Julio Elías Chagüi, Mauricio Gómez Amín, Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, algunos señalados por presuntos direccionamientos de proyectos o por intervenir en operaciones de crédito público que habrían beneficiado al Ejecutivo. Varios de estos legisladores ya rindieron versión libre, mientras otros están bajo evaluación para eventuales compulsas de copias, lo que amplía el espectro de congresistas involucrados en uno de los mayores escándalos políticos de la actual administración.
La audiencia continúa con las intervenciones de la defensa y la Procuraduría. El Tribunal deberá determinar si existen las condiciones para avanzar hacia una eventual solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía advirtió que los contratos direccionados, las reuniones del ejecutivo con congresistas y el presunto intercambio de coimas conforman “un plan deliberado para comprar apoyos políticos y asegurar la aprobación de las reformas bandera del Gobierno”.