El Gobierno Nacional anunció que, a partir del primero de febrero, el precio del galón de gasolina tendrá una reducción de 500 pesos. El mensaje oficial fue presentado como un alivio para los colombianos y como una señal de que la economía va por buen camino. Sin embargo, cuando se analizan los datos con rigor y se observa el contexto económico general del país, ese anuncio dista mucho de ser una buena noticia y, en ningún caso, puede calificarse como un favor a los ciudadanos.
Desde agosto de 2022, cuando inició el gobierno de Gustavo Petro, el precio del galón de gasolina pasó de 9.200 pesos a cerca de 16.500 pesos. Esto significa un incremento de más de 7.300 pesos, equivalente a un aumento del 79 %, sí, del 79%. En poco más de tres años, el combustible prácticamente duplicó su precio, con un impacto directo sobre el transporte, los alimentos, los servicios y, en general, sobre el costo de vida de millones de hogares colombianos.
Por eso resulta difícil entender el entusiasmo oficial frente a una reducción mínima que no compensa ni de lejos el daño causado. Después de haber llevado el precio de la gasolina a niveles históricamente altos, el Gobierno ahora pretende que una rebaja marginal sea vista como un gran logro, cuando en realidad se trata una corrección tardía y obligada.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿por qué, por qué no se redujo antes el precio de la gasolina, cuando las condiciones internacionales comenzaron a mejorar de manera clara?
En agosto de 2022, el barril de petróleo Brent —referencia para Colombia— se cotizaba cerca de los 100 dólares, y el dólar rondaba los 4.400 pesos. Hoy, el Brent se ubica alrededor de los 63 dólares y la tasa de cambio ha bajado a niveles cercanos a los 3.700 pesos. En pesos colombianos, el barril pasó de costar aproximadamente 440.000 pesos a cerca de 233.000 pesos, una caída cercana al 50 %
En cualquier economía responsable, una reducción de esa magnitud en los costos internacionales debería reflejarse en el precio interno del combustible. Sin embargo, en Colombia ocurrió lo contrario. A pesar del desplome del petróleo y de la baja del dólar, el precio de la gasolina continuó subiendo durante meses.
Cuando el crudo sube, el Fondo evita alzas abruptas; cuando baja, el precio interno necesariamente debe disminuir. No hacerlo implica trasladar un sobrecosto injustificado a los consumidores. Por eso, por eso, presentar esta rebaja como un acto de benevolencia resulta claramente engañoso.
Desde mediados de 2024, además, la gasolina dejó de recibir subsidios del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, porque el precio interno ya estaba por encima del precio internacional. Es decir, el Gobierno no solo tenía margen para bajar el precio, sino la obligación de hacerlo. No hacerlo, implicó trasladar un sobrecosto injustificado a los consumidores.
Por eso, la reducción anunciada no es un acto de generosidad. Es simplemente el cumplimiento tardío de las reglas del fondo, creado para amortiguar las variaciones del precio del petróleo. Cuando el crudo sube, el fondo evita alzas abruptas; cuando baja, el precio interno debe disminuir. Repito una vez más, presentar esta rebaja como un favor es engañoso.
Expertos coinciden en que el precio de la gasolina en Colombia está entre 3.000 y 4.000 pesos por encima del precio de paridad internacional. Con las condiciones actuales de un petróleo barato, la baja del precio del dólar y el fondo de estabilidad al día, la gasolina podría bajar fácilmente 2.000 pesos, en forma inmediata. Pero el Ministro de Hacienda, Germán Ávila,
anuncia que reducirá 1.000 pesos en los próximos 6 meses. Los Colombianos tenemos que exigir un precio justo, razonable, sensato, no pueden creernos ignorantes, caídos del zarzo, insultar sin rubor nuestra inteligencia, ni mucho menos vernos la cara de payasos, cuando antes que hacernos un favor, lo que claramente pretende hacer el nefasto gobierno de Gustavo Petro en víspera electoral, con esta medida populista, es engañar al pueblo colombiano, haciéndonos creer que se trata de una inmensa generosidad, cuando lo que se trata en realidad es de una medida tardía y oportunista que se debió tomar hace mucho, pero mucho tiempo rebajando pero no en la forma que se hizo, reduciendo apenas 500 pesos, sino como mínimo 2000 conforme a lo anotado.
Mientras el Gobierno insiste en un discurso optimista, las instituciones están enviando señales claras de alerta. La Corte Constitucional suspendió de manera provisional en una decisión histórica, el decreto de emergencia económica expedido por el Ejecutivo en el mes de diciembre de 2025, al encontrarlo manifiestamente inconstitucional. Por una amplia mayoría, el alto tribunal concluyó que no existía un hecho grave e imprevisible que justificara un estado de excepción y, en consecuencia, dejó sin efectos los decretos expedidos al amparo de esa emergencia.
La decisión es histórica y envía un mensaje contundente: el Gobierno no puede saltarse al Congreso para establecer impuestos ni gobernar por decreto para corregir problemas fiscales causados por su propia gestión. La suspensión de estas medidas refleja improvisación y debilidad en la conducción del Estado y de la economía.
A esta señal institucional se suma otra aún más reveladora. El Banco de la República decidió subir la tasa de interés en 100 puntos básicos, llevándola al 10,25 %. El mercado esperaba un ajuste menor, pero el Emisor optó por una decisión más fuerte ante el estancamiento de la inflación y el deterioro de las expectativas.
La inflación cerró 2025 por encima del 5 % y las proyecciones para 2026 se acercan al 7% muy lejos de la meta del banco central. El aumento del salario mínimo en 23,7 %, muy superior a lo propuesto por el sector empresarial, y hasta por los propios trabajadores, incrementará los costos laborales y terminará trasladándose a los precios que pagan los consumidores. Tasas de interés altas significan crédito más caro, menor inversión y menor crecimiento. Si el Banco de la República se ve obligado a subirlas, no es por capricho ni por ideología, sino porque la economía no está bajo control.