Colombia está de luto. Una vez más, la violencia nos golpea en el corazón; Sí, en el corazón de nuestras ciudades y nos recuerda que, pese a los discursos oficiales, la paz, y particularmente La Paz Total de la que se ufana el gobierno Petro, no es más que una entelequia frustrada y un sueño distante.
Tres atentados en menos de 48 horas en Cali, en Amalfi (Antioquia) y en Florencia (Caquetá) han dejado decenas de muertos, heridos, familias destrozadas y un país entero con la angustia de revivir los fantasmas del pasado.
No son cifras, no son simples estadísticas. Son nombres, rostros, hogares destruidos, sueños arrebatados. Así como nos duele la partida de Miguel Uribe Turbay, mi amigo, también nos duele cada policía, cada soldado, cada civil y cada familia que hoy se debate entre la vida y la muerte. La sangre de nuestros compatriotas, regada en las calles, interpela nuestra conciencia y nos obliga a preguntarnos: ¿qué tan sostenible es una política que bajo el rótulo de “Paz Total”, ha entregado concesiones a quienes siguen sembrando terror en Colombia?
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El primer golpe vino desde Cali. Dos cilindros bomba lanzados desde un camión contra la base aérea Marco Fidel Suárez no explotaron dentro del complejo militar, sino en plena zona urbana, en los barrios La Base y Villa Colombia. El saldo: siete civiles muertos, más de 70 heridos, por no hablar de centenares de viviendas destruidas.
El testimonio de Andrés Monroy lo dice todo: un cilindro bomba cayó en el antejardín de su casa y destruyó la fachada. Su suegra se salvó por dos minutos pues allí estaba sentada en una silla donde impactó el artefacto. “Se nos metió la guerra hasta la sala de la casa”, relató. Esa frase resume el drama de miles de caleños: la guerra ya no se libra en remotos campos de Nariño, del Cauca o del Catatumbo; ahora golpea en medio de la vida cotidiana de una ciudad que fue bastión electoral del actual Presidente de la República.
Vecinos de 70 y 80 años, que habían construido allí su hogar confiados en la seguridad que les daba estar cerca de una base militar, hoy recogen escombros, lloran la pérdida de sus seres queridos y sienten que el Estado los abandonó. Sí. Los abandonó. Una mujer de 78 años, con su casa reducida a un esqueleto de paredes, lo resumió con un reclamo directo, dijo ella: “Espero que el presidente Petro se haga cargo de lo ocurrido. Esto es consecuencia de sus políticas”.
El mismo día, el país recibió otro golpe letal. En Amalfi (Antioquia), un helicóptero de la Policía Antinarcóticos que participaba en una operación de erradicación de cultivos ilícitos fue derribado por las disidencias de las FARC. Trece uniformados murieron en este acto atroz, entre ellos el capitán Francisco Merchán, quien alcanzó a ser evacuado con vida pero murió a causa de las letales heridas.
No se trató de un accidente, sino de un ataque calculado: primero hostigaron con ráfagas de fusil a los policías en tierra, luego atacaron el helicóptero con drones cargados de explosivos y finalmente lo remataron en el momento en que intentaba evacuar a los heridos. Incluso dos perros de la Policía, compañeros inseparables de estos hombres, murieron en la operación.
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Las familias de los caídos esperaron durante horas, con angustia, la repatriación de los cuerpos. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció la lentitud del Gobierno para atender la emergencia.
¿Acaso no es esto la muestra más clara de que la llamada “Paz Total” ha debilitado la capacidad de reacción de nuestras Fuerzas Armadas y dejado en manos de los criminales la iniciativa de la guerra?
Como si fuera poco, a la mañana siguiente explotó un artefacto en pleno centro de Florencia (Caquetá), a una cuadra de la Alcaldía. La detonación, ocurrida a las 3:11 de la madrugada, dejó locales destruidos, vidrios rotos, rejas retorcidas y una comunidad aterrorizada. Sí. Aterrorizada, porque se trata de terrorismo. Por fortuna no hubo muertos, pero sí un claro mensaje: Y es que el terror se ha apoderado de nuestras ciudades.
Esto ocurre en un departamento donde el Gobierno insiste en hablar de diálogos y de mesas de negociación. ¿Qué clase de paz es esta que mientras se sientan a conversar con “alias” y “cabecillas”, permite que los comerciantes trabajen bajo la sombra de la amenaza y del chantaje?
Los tres atentados no son hechos aislados. Son el síntoma de un Estado frágil, debilitado y de una nula o fallida política de seguridad. La llamada “Paz Total” de Gustavo Petro se ha convertido en un espejismo: en lugar de pacificar, ha envalentonado; sí, ha envalentonado a los violentos.
El presidente Petro ha oscilado entre culpar a las “mafias internacionales” y declarar terroristas a grupos como el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia o el Estado Mayor Central. Su narrativa cambia de acuerdo con la coyuntura, lo que evidencia improvisación y falta de una estrategia coherente. ¿Cómo confiar en un Gobierno que divaga entre la responsabilidad de actos terroristas, sin claridad alguna?
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La realidad es que estos grupos han aprovechado el desorden institucional y la permisividad para fortalecerse, rearmarse y expandirse. La violencia ya no se limita a zonas de frontera o de selva: llega a Cali, a Florencia, al corazón de Antioquia.
La muerte de cada uno de los 13 policías en Amalfi, de los siete civiles en Cali, de las víctimas en Florencia y de tantos otros en el país entero, debe dolernos como sociedad. Así como duele la memoria de mi amigo Miguel Uribe Turbay, también nos hiere cada soldado caído, cada comerciante que debe cerrar su negocio por miedo, cada niño que queda huérfano por una guerra que no cesa.
No es momento de discursos complacientes. Es momento de asumir con seriedad que Colombia necesita de una vez por todas, de una política de seguridad firme, clara y sin titubeos frente al crimen organizado.
La paz no se logra regalando espacios de poder a quienes extorsionan, a quienes asesinan o a quienes lanzan bombas contra la población civil. La paz no se construye debilitando a la Fuerza Pública. La paz verdadera exige autoridad legítima, justicia efectiva y compromiso real con la protección de los ciudadanos.
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Colombia está de luto, sí, pero no puede quedarse en el dolor. La sangre derramada nos obliga a levantar la voz para exigir cambios profundos. El país necesita recordar que en otras épocas, cuando el terrorismo quiso arrodillarnos, la respuesta fue la firmeza del Estado y la unión de la sociedad.
Hoy debemos honrar a las víctimas no con discursos vacíos, sino con decisiones que eviten que sus muertes sean en vano. Debemos rescatar la autoridad de la Fuerza Pública, desmontar el discurso permisivo frente a los violentos y exigir un rumbo claro en materia de seguridad.
Si algo nos enseñan estos tres atentados es que la “Paz Total” no es paz: es fragilidad, es improvisación y, en el peor de los casos, es complicidad.
Colombia merece más que eso. Merece un gobierno que respete la vida de sus ciudadanos, que defienda a sus policías y soldados, que proteja a sus comerciantes, que garantice que la guerra no vuelva a la sala de nuestras casas.
Hoy estamos de luto. Pero también estamos de pie. Y desde ese dolor colectivo debemos decir, con voz firme: no más improvisaciones, no más entregas, no más concesiones al crimen. Colombia merece vivir en paz, pero en una paz verdadera, no en una ficción peligrosa.
