En medio del escándalo de presunta corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el exdirector de la entidad, Olmedo López, ha solicitado públicamente garantías para su abogado defensor, José Moreno Caballero.
López, quien se encuentra bajo investigación, por el escándalo de la compra de 40 carrotanques para la Guajira, ha manifestado su preocupación por la seguridad e integridad de su equipo legal, advirtiendo sobre posibles amenazas y persecuciones políticas.
«Bajo ningún punto deben generarse situaciones que pongan en riesgo la vida y la integridad de mis abogados de confianza con señalamientos ajenos a este proceso», Olmedo López
En sus declaraciones, López hizo énfasis en la importancia de respetar la elección de sus defensores, «Le he otorgado poder de manera libre y voluntaria como mi abogado de confianza al doctor José Moreno Caballero, quien defiende mis derechos ante las autoridades pertinentes», expresó el exdirector. Resaltó además que todos los colombianos tienen el derecho de escoger libremente a su abogado de confianza.
El abogado José Moreno Caballero es hermano del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, «Bajo ningún punto deben generarse situaciones que pongan en riesgo la vida y la integridad de mis abogados de confianza con señalamientos ajenos a este proceso, tratando de desviar la atención sobre los hechos que el país debe conocer e intentando desprestigiar», afirmó López, quien también se refirió a la necesidad de evitar que su equipo legal se convierta en blanco de persecución política.
López subrayó que los abogados no son testigos en este proceso y reafirmó su intención de buscar un principio de oportunidad para relatar lo que él considera la verdad sobre los hechos investigados. En este contexto, pidió que no se desvíe la atención de los hechos que el país debe conocer mediante intentos de desprestigio a su equipo legal.
La solicitud de López refleja una preocupación creciente por la seguridad de los defensores legales, donde las implicaciones políticas y mediáticas pueden generar un clima adverso para el ejercicio del derecho a la defensa.
