Por: Redacción Judicial | Septiembre 19, 2025 |
El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, enfrentará una nueva audiencia de imputación de cargos el próximo 1 de octubre a las 9:00 a.m. en un juzgado de Barranquilla. Esta vez, la Fiscalía General de la Nación le imputará tres delitos, sumando así un segundo proceso penal en su contra. Además, el ente acusador solicitará una medida de aseguramiento intramural, lo que podría llevar al exdiputado del Atlántico a perder su libertad mientras avanza el proceso.
Nuevos cargos: tráfico de influencias, interés indebido en contratos y falsedad en documento
El nuevo expediente incluye el delito de tráfico de influencias, con base en pruebas que indicarían que Nicolás Petro habría utilizado su cargo y relaciones familiares para influir en decisiones y nombramientos dentro del Gobierno Nacional.
La Fiscalía sustenta este cargo en chats y comunicaciones reveladas por su expareja, Daysuris Vásquez, en los que se evidencian presuntas gestiones para obtener puestos en entidades del Estado. En una de esas conversaciones, se menciona una reunión con ministros del Interior, Deporte y directivos del Departamento de Prosperidad Social (DPS), supuestamente celebrada el 27 de noviembre de 2022. De acuerdo con Vásquez, no se trató de encuentros casuales, sino de espacios para negociar cuotas burocráticas.
“Deja de reunirte con ministros y demás (…) te van a mandar una carta a tu papá. Te falta mucho por aprender”, habría escrito Vásquez en uno de los mensajes revelados.
Junto al cargo por tráfico de influencias, la Fiscalía imputará interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, relacionados con presuntas irregularidades durante su gestión como diputado del Atlántico.
Los contratos bajo la lupa: más de $3.000 millones sin ejecutar
En esta segunda investigación penal, la Fiscalía rastrea cinco contratos firmados por más de $3.000 millones, a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente. Estos contratos, suscritos con la Gobernación del Atlántico, tenían como objetivo programas para adultos mayores y estudiantes con discapacidad, pero nunca se ejecutaron.
Las pruebas recopiladas sugieren que Nicolás Petro habría influido en la celebración de estos contratos en beneficio de intereses particulares. Además, existen indicios de documentación falsa usada para justificar la contratación.
Según el Código Penal colombiano, estos delitos pueden implicar:
- Interés indebido en contratos: de 64 a 216 meses de prisión y multas de hasta 300 salarios mínimos.
- Falsedad en documento público: de 48 a 108 meses de prisión.
Contexto: un proceso paralelo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Este nuevo proceso se suma al que Nicolás Petro ya enfrenta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades durante la campaña presidencial de su padre en 2022.
En ese expediente, la Fiscalía sostiene que el exdiputado recibió dinero de procedencia irregular, el cual no fue reportado y habría sido usado para beneficio personal, generando un incremento patrimonial no justificado cercano a los $1.053 millones. Este dinero habría sido entregado por Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro”, y Gabriel Hilsaca, hijo del cuestionado empresario cartagenero “Turco” Hilsaca
La defensa del procesado, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, ha cuestionado fuertemente la legalidad de las pruebas y ha solicitado excluir varias declaraciones, incluyendo la rendida por Daysuris Vásquez en marzo de 2023.
Una medida que podría cambiar el rumbo del caso
Durante la audiencia del 1 de octubre, la Fiscalía pedirá que se imponga a Nicolás Petro una medida de aseguramiento en centro carcelario, lo cual sería un giro determinante en el caso, ya que hasta el momento el procesado ha enfrentado las acusaciones en libertad.
Además, ese día se definirá el juzgado de control de garantías que evaluará la legalidad de la imputación y decidirá si procede la detención del hijo del presidente.
El proceso, bajo el foco político y mediático
El caso ha escalado mediáticamente en las últimas semanas, luego de que la precandidata presidencial Vicky Dávila hiciera pública la intención de la Fiscalía de imputar nuevos cargos a Petro Burgos, lo que generó críticas de la defensa por supuestas filtraciones y manejo político del caso.
“Me muero de ganas por saber quién es el fiscal que concerta con usted las imputaciones”, señaló el abogado Carranza en respuesta a Dávila, quien también fue periodista antes de su aspiración política.
Con esta nueva imputación, Nicolás Petro enfrenta nuevos cargos y una posible detención preventiva.
La audiencia del 1 de octubre será clave, no solo para el futuro procesal de Nicolás Petro, sino también para el ambiente político nacional, que sigue expectante frente a este nuevo capítulo judicial que involucra al círculo más cercano del jefe de Estado.
Contexto de la primera investigación
La Fiscalía sostiene que Nicolás Petro habría recibido más de 1.050 millones de pesos provenientes de personas vinculadas al mundo empresarial. Entre los involucrados se encuentran Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro”, y Gabriel Hilsaca, hijo del cuestionado empresario cartagenero “Turco” Hilsaca. Según la fiscal Laborde, los movimientos financieros de Nicolás Petro no se justifican con sus ingresos legales como exdiputado, lo que sugeriría su participación en actividades ilícitas.
Uno de los puntos más polémicos ha sido la acusación de que Nicolás Petro, a través de su pareja sentimental, Day Vásquez, sobrefacturó cobros a la Gobernación del Atlántico mediante su fundación, Conciencia Social (FUCOSO), con el fin de obtener dinero en efectivo mediante cheques cobrados por terceros.
La Fiscalía también ha presentado evidencia de que varios bienes adquiridos por la pareja fueron registrados a nombre de familiares de Day Vásquez, con el objetivo de ocultarlos. Entre estos bienes se incluye un vehículo Mercedes Benz adquirido por Nicolás Petro, que, según la acusación, fue comprado «para dar apariencia de legalidad».
Redacción Judicial –
