El Ministerio del Trabajo anunció que inició la evaluación administrativa de la solicitud de autorización para un despido colectivo presentada por UNE EPM Telecomunicaciones S.A., conocida comercialmente como Tigo. La empresa justifica el recorte de 81 empleados, de una planta de 745 trabajadores, argumentando razones económicas y técnicas en línea con lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1990.
El proceso administrativo
Según el comunicado oficial del Mintrabajo, la Dirección Territorial Antioquia recibió la solicitud el pasado 7 de enero. Desde entonces, se activó un proceso administrativo que incluye varias etapas:
1. **Verificación inicial**: Se analizará si la solicitud cumple con los requisitos legales establecidos.
2. **Decreto y práctica de pruebas**: Si se cumplen los requisitos, se procederá a recolectar evidencias y testimonios que permitan a la autoridad competente tomar una decisión informada.
3. **Acto administrativo final**: El procedimiento culminará con una resolución motivada que determinará si se aprueba o rechaza el despido colectivo.
El Ministerio también destacó que se garantizará el respeto de los derechos laborales, incluyendo la participación de las organizaciones sindicales, la comunicación a los trabajadores afectados y la implementación de cauciones que aseguren el pago de las acreencias laborales.
El impacto en los trabajadores
De los 745 empleados que conforman la plantilla de Tigo, 81 serían afectados por esta medida. La empresa argumenta que las razones detrás de la decisión son de índole técnica y económica, aunque no se han detallado públicamente los factores específicos que llevaron a esta solicitud.
El Ministerio del Trabajo, por su parte, subrayó la importancia de activar escenarios de diálogo social para encontrar soluciones que minimicen el impacto de la decisión tanto en los trabajadores como en la empresa.
El anuncio ha generado inquietud en el sector laboral y entre los trabajadores de Tigo. Los despidos colectivos son regulados estrictamente en Colombia para evitar arbitrariedades y garantizar la estabilidad laboral.
El proceso seguirá su curso legal hasta que se emita el acto administrativo final. Entretanto, los trabajadores afectados podrán participar activamente en el procedimiento y acudir a los escenarios de diálogo que se propongan para buscar alternativas al despido colectivo.
“Dentro del procedimiento se deberá garantizar en todo momento el respeto de los derechos de las personas que trabajan al servicio del empleador que impulsó la solicitud, lo cual se materializa en la comunicación simultánea que debe hacerse de la petición a los trabajadores/as eventualmente afectados/as, las cauciones que garanticen el pago de acreencias laborales y la participación de las organizaciones sindicales y terceros interesados en el trámite administrativo”.
