El caso judicial por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá volvió a tomar fuerza en marzo, luego de que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, solicitara formalmente a la Cancillería dar prioridad al trámite de extradición de Zulma Guzmán Castro, señalada por la Fiscalía como la principal sospechosa de haber coordinado el envío de unas frambuesas contaminadas que fueron consumidas por las víctimas en abril de 2025. La petición del Gobierno busca evitar que el proceso se prolongue aún más en Reino Unido y, según el ministro, impedir escenarios de impunidad mientras la justicia colombiana espera que la mujer comparezca ante los jueces del país.
La solicitud quedó consignada en una carta enviada el 27 de febrero a la canciller Rosa Villavicencio y recibida oficialmente el 2 de marzo, en la que el jefe de la cartera de Justicia pidió que el Ministerio de Relaciones Exteriores comunique a las autoridades británicas la relevancia institucional y la urgencia que tiene este expediente para Colombia. En la comunicación, Cuervo sostiene que la extradición es clave para el esclarecimiento de los hechos y para que la investigación penal continúe sin los obstáculos que ha tenido desde que la procesada fue ubicada fuera del país.
El expediente gira alrededor de uno de los casos criminales más sensibles de los últimos meses. De acuerdo con la investigación, en abril de 2025 unas menores de edad consumieron frambuesas con chocolate contaminadas con talio, un metal altamente tóxico. Dos de las niñas murieron y el caso desató una investigación que llevó a la Fiscalía a identificar a Zulma Guzmán Castro como presunta responsable del plan. Las pesquisas la vinculan con la coordinación del envío del paquete a una vivienda en el norte de Bogotá, en un episodio que causó conmoción nacional por la edad de las víctimas, la modalidad del ataque y el grado de planificación que, según los investigadores, habría existido detrás del hecho.
La cronología del caso tuvo un giro decisivo a finales de 2025, cuando Guzmán fue localizada en el Reino Unido. Según reportes periodísticos, fue encontrada el 16 de diciembre en aguas del río Támesis, en un episodio que inicialmente se manejó como un intento de suicidio, aunque después surgieron versiones según las cuales habría tratado de evadir a las autoridades británicas. Ese hallazgo cambió por completo el estado de la investigación: por un lado confirmó su paradero, pero por otro abrió un proceso internacional más lento y complejo que el que inicialmente esperaba la justicia colombiana.
Tras ese episodio, la empresaria quedó bajo amparo de la legislación británica de salud mental, situación que suspendió temporalmente cualquier avance inmediato en su traslado a Colombia. Mientras permanecía hospitalizada, la circular roja de Interpol y el requerimiento internacional seguían vigentes, pero el proceso de extradición no podía avanzar al ritmo previsto. Solo después de recibir el alta médica, las autoridades británicas pudieron retomar el trámite. El 6 de enero de 2026, Guzmán fue detenida en Londres y notificada formalmente de que era requerida por la justicia colombiana.
Desde entonces, el caso ha transitado por varias etapas judiciales en Reino Unido. En una audiencia realizada ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, las autoridades británicas mantuvieron activo el estudio de la solicitud de extradición, pero el proceso empezó a enfrentar nuevos frenos impulsados por la defensa de Guzmán. Uno de los más relevantes surgió cuando sus abogados invocaron el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe los tratos inhumanos o degradantes a personas privadas de la libertad. Con base en esa disposición, la defensa argumentó que las cárceles colombianas no ofrecerían garantías suficientes para la seguridad e integridad de la procesada.
Ese movimiento jurídico abrió una nueva fase del caso. Como consecuencia de ese planteamiento, las autoridades británicas solicitaron al Estado colombiano información detallada sobre el lugar de reclusión al que sería enviada Zulma Guzmán en caso de concretarse la extradición. También pidieron autorización para una posible inspección técnica del establecimiento penitenciario y exigieron precisiones sobre las condiciones materiales de detención, seguridad y protección de sus derechos fundamentales. La discusión dejó de centrarse exclusivamente en la acusación penal y pasó a incluir la capacidad del sistema carcelario colombiano para satisfacer los estándares que exige la justicia británica.
Según la información conocida hasta ahora, Reino Unido fijó plazos para que Colombia entregara esos soportes y así permitir que el trámite siguiera su curso. La Fiscalía colombiana remitió documentación clave en marzo, mientras que Blu Radio informó que la Policía y las autoridades judiciales ya comunicaron formalmente que existen condiciones para garantizar la reclusión segura de Guzmán una vez llegue al país. Sin embargo, las autoridades no han revelado públicamente cuál sería el centro penitenciario elegido, en parte por razones de seguridad y en parte porque la definición final sigue atada a la evaluación británica.
En paralelo al pulso diplomático y judicial entre Bogotá y Londres, la investigación en Colombia no se ha detenido. La Fiscalía ya consolidó el acervo probatorio y la actuación está en manos de la juez asignada al caso. De acuerdo con reportes previos, Guzmán es requerida para responder por delitos como homicidio agravado y tentativa de homicidio, en un proceso que ha seguido avanzando incluso con la posibilidad de ser tramitado parcialmente en ausencia, debido a que durante varios meses la sospechosa permaneció fuera del alcance directo de las autoridades colombianas.
El trasfondo del caso también ha estado marcado por elementos personales y de contexto que han ido apareciendo en la investigación. Entre ellos, las autoridades y varios medios han reseñado la relación previa de Guzmán con el entorno de una de las familias afectadas, así como rastros de pagos, domiciliarios y movimientos asociados al envío de las frambuesas contaminadas. Esos elementos han fortalecido la hipótesis de una acción deliberada y planificada, aunque el juicio de fondo aún no ha comenzado y será precisamente la comparecencia de Guzmán en Colombia la que permita avanzar hacia una imputación y una etapa procesal más robusta en presencia de la acusada.
Por ahora, la petición del ministro de Justicia introduce una nueva presión política sobre el caso. El mensaje del Gobierno es que la extradición no puede seguir aplazándose indefinidamente por trámites que, aunque hacen parte del debido proceso internacional, mantienen congelada una de las investigaciones criminales más delicadas del país. La posición oficial es que Colombia ya recopiló la evidencia necesaria, respondió los requerimientos británicos y está lista para recibir a la procesada bajo condiciones compatibles con la protección de sus derechos. La decisión final, sin embargo, sigue en manos de las autoridades judiciales del Reino Unido, que deberán valorar tanto la solicitud colombiana como los argumentos defensivos antes de definir si Zulma Guzmán es enviada al país para enfrentar directamente la justicia.