El debate sobre el futuro del sistema pensional colombiano volvió a intensificarse luego de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, asegurara que el Gobierno Nacional evalúa “todas las medidas que sean necesarias” frente a la negativa de los fondos privados de trasladar recursos a Colpensiones, en medio de la controversia jurídica por la implementación parcial de la reforma pensional.
Las declaraciones del jefe de la cartera económica se producen después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno que reglamentaba el traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones para cubrir mesadas de afiliados que ya consolidaron su derecho pensional.
El origen de la controversia
La discusión gira alrededor del artículo 76 de la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, una norma que, aunque aún está siendo revisada por la Corte Constitucional, permitió que miles de afiliados solicitaran su traslado desde fondos privados al régimen público administrado por Colpensiones.
Según el ministro Ávila, más de 132.000 personas han solicitado el cambio de régimen en los últimos meses.
“Es prácticamente una persona cada dos minutos solicitando el traslado al sistema público”, afirmó el funcionario durante una entrevista radial.
De acuerdo con las cifras entregadas por el Ministerio de Hacienda, alrededor de 24.000 ciudadanos ya estarían recibiendo sus pagos pensionales desde Colpensiones y cerca de 8.000 más habrían cumplido los requisitos para pensionarse.
El Gobierno sostiene que los fondos privados deben transferir los recursos correspondientes a esos afiliados para garantizar la sostenibilidad financiera de las mesadas.
Qué son las AFP y qué es Colpensiones
Actualmente, el sistema pensional colombiano opera bajo dos regímenes principales.
Por un lado están las AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones privadas, donde los aportes de cada trabajador se manejan en cuentas individuales administradas por entidades financieras privadas.
Por otro lado está Colpensiones, la entidad pública encargada del régimen de prima media, donde los aportes de los trabajadores activos financian las pensiones actuales bajo un esquema solidario respaldado por el Estado.
La reforma pensional del Gobierno busca fortalecer el componente público y aumentar el papel de Colpensiones dentro del sistema.
La posición del Gobierno
El ministro Germán Ávila defendió la necesidad de que los fondos privados entreguen los recursos correspondientes a los afiliados ya trasladados.
“¿Cómo es posible que se trasladen las personas, lleguen a Colpensiones, Colpensiones atienda el cumplimiento de su mesada pensional y los fondos privados se queden con los recursos de sus propios ahorradores?”, cuestionó.
Según el funcionario, el Gobierno considera que existe una obligación legal de realizar dichos traslados.
“Están consideradas todas las medidas que sean necesarias. Creemos que hay una obligación de parte de los fondos privados de cumplir con estos traslados”, afirmó.
Aunque evitó confirmar una eventual intervención directa sobre las AFP, señaló que tanto el Ministerio de Hacienda como la Superintendencia Financiera adelantan revisiones administrativas sobre el manejo de los recursos pensionales.
“No es necesario anticiparnos a situaciones excepcionales”, dijo inicialmente, aunque dejó abierta la posibilidad de nuevas decisiones regulatorias.
La decisión del Consejo de Estado
El Consejo de Estado suspendió temporalmente el decreto expedido por el Gobierno al considerar que debían analizarse sus efectos mientras avanza el estudio de fondo sobre la legalidad de la norma.
Tras la decisión, el alto tribunal aseguró públicamente que “las pensiones de los colombianos están seguras”.
Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que la medida genera dificultades financieras para cubrir las obligaciones pensionales de los ciudadanos ya trasladados al régimen público.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que los recursos reclamados a las AFP serían fundamentales para garantizar el pago de las mesadas.
“Ellos saben que esos recursos garantizan la sostenibilidad de las pensadas pensionales de miles de trabajadores”, señaló.
Petro anuncia nuevos decretos
En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro anunció que expedirá “nuevos decretos y resoluciones” relacionados con el control de los recursos administrados por fondos privados y EPS.
Durante un consejo de ministros, el mandatario cuestionó duramente a las AFP y a sectores financieros del país.
“Los fondos privados de pensiones manejan el ahorro público de los trabajadores”, afirmó.
Petro también criticó la suspensión judicial del traslado de recursos y aseguró que no comparte la decisión.
“No puedo aceptar una decisión que va contra la Constitución de Colombia”, expresó.
El mandatario sostuvo además que algunos sectores buscan “escaparse del control del presidente de la República” mediante decisiones judiciales.
El tamaño de los recursos en disputa
Según el Ministerio de Hacienda, las AFP administran actualmente cerca de 551 billones de pesos, una cifra que supera incluso el Presupuesto General de la Nación para este año, calculado en aproximadamente 546 billones.
El Gobierno asegura que el traslado solicitado corresponde apenas al 1,2 % de los recursos administrados por los fondos privados.
“El Estado está colocando una cantidad muy grande de recursos para atender el sistema pensional”, señaló Ávila, quien explicó que anualmente el Gobierno aporta alrededor de 33 billones de pesos para financiar Colpensiones.
El costo total del sistema público, según el ministro, ronda los 70 billones de pesos anuales.
La postura de las AFP
Aunque los fondos privados no han entregado una respuesta unificada frente a las declaraciones del Gobierno, el sector ha expresado preocupación por la incertidumbre jurídica alrededor de la reforma pensional y por los efectos financieros que podrían derivarse de decisiones regulatorias o judiciales.
Desde Asofondos y distintos sectores económicos se ha insistido en la necesidad de respetar la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema de ahorro pensional.
Analistas advierten que cualquier cambio abrupto podría afectar la confianza de los afiliados y el comportamiento de los mercados financieros, debido al volumen de recursos administrados por las AFP.
La incertidumbre continúa
Mientras la Corte Constitucional define el futuro de la reforma pensional y el Consejo de Estado mantiene suspendido el decreto de traslados, el enfrentamiento entre el Gobierno y los fondos privados sigue escalando.
Por ahora, el Ejecutivo mantiene su posición de exigir el traslado de recursos hacia Colpensiones para cubrir las obligaciones de quienes ya cambiaron de régimen, mientras los organismos judiciales continúan revisando la legalidad de las medidas adoptadas.
