marzo 3, 2024

Condenados una tramitadora y un abogado que gestionaban traslados de régimen pensional

La Fiscalía General de la Nación logró condena en contra de Amanda Almonacid Gómez y el abogado Wilmer Adolfo Jiménez Barros por cuanto presentaron acciones de tutela con documentos falsos con el fin de engañar a jueces y obtener fallos ilegales que ordenaban el traslado de régimen pensional de ciudadanos que no cumplían los requisitos de ley.

La mujer y el abogado presentaron documentos falsos ante jueces de Medellín para garantizar el traslado de régimen privado a público del sistema de pensiones.

Las pruebas recopiladas dan cuenta de que la mujer exigió 10 millones de pesos a dos personas distintas para asegurarles el paso de un fondo privado a una administradora de pensiones pública. Para este propósito gestionó documentos falsos y suplantó firmas de la gerente operativa de Asofondos.

La señora Almonacid Gómez acudió a los servicios del abogado Jiménez Barros para que presentara acciones de tutela ante jueces de Medellín (Antioquia) a nombre de los dos interesados. Las acciones constitucionales fueron soportadas con la documentación fraudulenta con la que inicialmente se había intentado el trámite. La conducta se ejecutó engañando a los ciudadanos a los cuales se les estaba gestionando el traslado, quienes desconocían que el trámite efectuado a nombre de ellos se sustentaba en documentación y maniobra ilícita.

La actividad investigativa realizada por la Fiscalía puso en evidencia el entramado ilegal. En ese sentido, un juez de conocimiento de Bogotá condenó a la tramitadora y al abogado a 6 años y 10 meses de prisión, por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. De igual manera, les impuso multa de 402 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad de 70 meses para ejercer funciones públicas.

Esta sentencia es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. La Fiscalía apeló la decisión y solicitó el aumento de la pena de Almonacid Gómez por cuanto fue la persona que ideó y recibió pagos por la actividad criminal.