La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a programas de formación avanzada en los departamentos de Chocó y Magdalena. Según el organismo, más de $69.000 millones provenientes del Sistema General de Regalías no cuentan con soportes que permitan verificar su correcta ejecución.
Los hallazgos corresponden a dos proyectos orientados a fortalecer el capital humano mediante becas de maestría y doctorado en áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, las auditorías evidenciaron que no existen registros confiables sobre beneficiarios, certificaciones académicas, informes técnicos ni comprobantes de los giros realizados.
El ente de control determinó dos hallazgos administrativos con incidencia fiscal, al concluir que los recursos no lograron materializar los objetivos propuestos. Además, calificó como “inadecuados” los sistemas de control interno de las entidades involucradas, debido a la ausencia de auditorías, la falta de seguimiento a los recursos de regalías y la inexistencia de procesos formales de supervisión.
Magdalena: recursos sin trazabilidad
En el caso de Magdalena, el proyecto aprobado en 2013 para financiar becas de posgrado contaba con un presupuesto cercano a $29.000 millones. No obstante, la Contraloría encontró que no hay evidencia suficiente que respalde el uso de $28.210 millones ya desembolsados.
Ni la Gobernación, ni el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ni las universidades vinculadas aportaron documentación que permitiera verificar los resultados del programa. Tampoco existen informes de ejecución ni soportes financieros claros, pese a que el proyecto reporta un avance superior al 80%.
Chocó: fallas estructurales en el proyecto
La situación es aún más crítica en Chocó, donde un proyecto aprobado en 2012 por más de $41.600 millones presenta múltiples deficiencias. Entre ellas, la falta de evidencia sobre graduados, inexistencia de productos académicos, ausencia de programas de segunda lengua y carencia total de documentación oficial.
Además, la Contraloría evidenció omisiones en la supervisión del proyecto, falta de control sobre los recursos y problemas en la disponibilidad de la información por parte de las entidades responsables.
Falta de transparencia y control
Los informes también advierten incumplimientos al principio de transparencia, debido a que la información contractual no fue reportada adecuadamente en plataformas oficiales como SECOP, lo que dificulta el control institucional y la veeduría ciudadana.
El organismo anunció que adelantará procesos para determinar responsabilidades fiscales individuales y trasladó los hallazgos a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
Finalmente, la Contraloría aseguró que realizará seguimiento permanente a estos casos para evitar la repetición de irregularidades y garantizar que la gestión de los recursos públicos cumpla con los principios de transparencia, legalidad y eficiencia.