Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela una preocupante realidad en Colombia: entre enero y mayo de este año, se registraron 41 eventos de desplazamiento forzado masivo y 33 casos de confinamiento colectivo.
Estos incidentes afectaron a 13.588 personas (5.374 familias) y 20.603 personas (9.478 familias) respectivamente, reflejando una clara violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario.
Los departamentos más afectados por estos fenómenos fueron Nariño, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó, Caquetá y Bolívar. En Nariño se registraron 17 desplazamientos, seguido por Cauca con nueve y Antioquia con siete. Marzo fue el mes más crítico, con 15 eventos de desplazamiento masivo.
El confinamiento, que pone en grave riesgo a las comunidades, afectó a 148 comunidades en total. Nariño y Chocó encabezaron la lista con seis eventos cada uno, seguidos por Valle del Cauca y Cauca con cuatro eventos cada uno. Nuevamente, marzo fue el mes con mayor número de eventos de este tipo, con diez casos.
En el marco del Día Internacional del Refugiado y Desplazado, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a la expedición de un acto administrativo que establezca una ruta de atención y asistencia efectiva a las víctimas de confinamiento. Además, enfatizó la necesidad de agilizar los tiempos de atención y asistencia a las víctimas de desplazamiento.
La suspensión de las hostilidades no ha reducido las acciones violentas en muchas áreas. En algunos casos, como en Chocó, ha aumentado los confinamientos, mientras que en departamentos como Caquetá y Nariño se ha incrementado el número de desplazamientos forzados masivos, afectando particularmente a municipios como Santa Cruz de Guachaves, Barbacoas y Samaniego, así como al Distrito de Buenaventura en Valle del Cauca.
Durante el evento de conmemoración, que contó con la participación de mesas de víctimas, defensores de derechos humanos, personeros y alcaldes del Cauca, así como representantes de la cooperación internacional, la Defensoría del Pueblo reiteró la urgencia de acelerar los tiempos de atención y asistencia a las víctimas de desplazamiento. También hizo hincapié en la necesidad de emprender acciones que impidan prácticas inconstitucionales o bloqueos institucionales en la ruta de atención.
Además, la Defensoría subrayó la importancia de flexibilizar los requisitos que dificultan la obtención de censos de víctimas de confinamiento, en coordinación con las autoridades de pueblos étnicos. También recomendó al Ministerio del Interior, a través de su Dirección de Derechos Humanos, implementar transformaciones en las zonas de emergencias humanitarias recurrentes, con el objetivo de desarrollar acciones de prevención y protección que mitiguen los riesgos de desplazamiento y garanticen una atención prioritaria y efectiva a las víctimas.
La Defensoría del Pueblo se mantiene firme en su compromiso de seguir monitoreando y denunciando las violaciones a los derechos humanos derivadas del conflicto armado, y continuará trabajando para asegurar que las víctimas reciban la asistencia y protección que necesitan y merecen.