El Gobierno nacional abrió a consulta pública un proyecto de decreto que busca reglamentar la protección de niños, niñas y adolescentes en internet, en medio de un debate que en las últimas horas se centró en una pregunta: si Colombia va a prohibir o no el uso de redes sociales a menores de edad. La respuesta oficial, por ahora, es no. La iniciativa del Ministerio TIC no plantea vetar celulares ni cerrar el acceso de menores a plataformas como TikTok o Meta, sino crear un marco de regulación, monitoreo institucional, educación digital y corresponsabilidad entre Estado, familias, colegios y empresas tecnológicas.
No se prohibirán redes sociales ni celulares para menores
La ministra TIC, Carina Murcia, aclaró que el borrador no contempla una prohibición general. “No van a prohibir los celulares, no van a prohibir las redes, ni van a prohibir que los niños estén en las redes sociales”, dijo la funcionaria al explicar el alcance del proyecto. Según la ministra, el decreto no tiene competencias para imponer una restricción absoluta de ese tipo, sino para desarrollar herramientas de protección y prevención frente a los riesgos que enfrentan los menores en el entorno digital.
En medio de la discusión pública, la ministra TIC, Carina Murcia, fue enfática en señalar que el decreto no busca prohibir el acceso a redes sociales ni el uso de dispositivos móviles por parte de menores.
Según explicó, la iniciativa no tiene competencias para imponer este tipo de restricciones. En cambio, plantea obligaciones para plataformas digitales como Meta o TikTok, que deberán presentar informes periódicos sobre el uso que hacen los menores de sus servicios.
El objetivo es generar información que permita entender el comportamiento digital de los jóvenes y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
Consulta pública y participación ciudadana
El proyecto de decreto fue publicado para comentarios y estará en consulta pública entre el 16 y el 26 de abril de 2026, en cumplimiento del Decreto 0385 de 2026.
Esta fase corresponde a la segunda etapa del proceso participativo, en la que se espera recoger aportes de distintos sectores. Durante la formulación inicial, el Ministerio analizó 239 observaciones ciudadanas y realizó ocho mesas técnicas con actores del ecosistema digital.
En estos espacios participaron entidades como la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como representantes del sector privado, la industria tecnológica y organizaciones sociales.
Los ejes del decreto
El proyecto propone un enfoque basado en la corresponsabilidad entre Estado, familias, plataformas digitales y comunidad educativa. Entre sus principales líneas de acción se destacan:
Sistema Integrado de Monitoreo:
Se plantea la creación de un sistema que permita identificar riesgos en línea y activar rutas de protección para menores. Este modelo incluye principios de privacidad y prohíbe el monitoreo masivo o indiscriminado de contenidos.
Repositorio de buenas prácticas:
Liderado por el Ministerio de Educación, será un espacio público con herramientas pedagógicas, control parental y contenidos para fortalecer la alfabetización digital en hogares y colegios.
Acuerdos de corregulación:
El Gobierno promoverá la articulación con empresas tecnológicas para implementar estándares de seguridad desde el diseño, sin afectar la innovación.
Financiación para educación digital:
Se contempla el uso de recursos del Fondo Único TIC (FUTIC) para programas de formación en uso seguro de internet y prevención de violencias digitales.
Un equilibrio entre protección y derechos
El Ministerio TIC señaló que el decreto busca equilibrar la protección de los menores con el respeto a derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión. En ese sentido, el texto incluye salvaguardas para evitar medidas que puedan derivar en censura o controles desproporcionados.
El debate sigue abierto mientras avanza la consulta pública. La iniciativa pone sobre la mesa un tema cada vez más relevante: cómo proteger a los menores en el entorno digital sin limitar su acceso a herramientas tecnológicas que hacen parte de su vida cotidiana.
El proyecto es resultado de un proceso técnico y participativo en el que “se recibieron y analizaron 239 observaciones ciudadanas” y se realizaron “ocho mesas técnicas interinstitucionales y multisectoriales”. En esas mesas participaron organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, la industria del software, gremios de telecomunicaciones y entidades del Estado como la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el ICBF. En declaraciones posteriores, Murcia agregó que en la construcción de la iniciativa también hubo diálogo con plataformas digitales y compañías tecnológicas como Meta y Google, además de otras entidades nacionales e internacionales.
El punto de fondo del decreto es que el Gobierno quiere pasar de una discusión centrada solo en el acceso a una discusión sobre condiciones seguras de uso. La Ley 2489 de 2025 ya había fijado ese enfoque al establecer que el país debe desarrollar una política pública que articule al Gobierno, las familias, las empresas privadas y la sociedad para prevenir riesgos en línea, promover hábitos saludables y garantizar derechos de niños y adolescentes en el mundo digital. Esa misma norma define la corresponsabilidad como uno de sus principios centrales y advierte que las medidas de protección deben ser proporcionales, no excesivamente punitivas y no deben restringir indebidamente la innovación o la provisión de servicios digitales.
En esa línea, el Ministerio TIC sostuvo en el comunicado que “la protección de la niñez y la adolescencia en entornos digitales exige la adopción de medidas idóneas, necesarias y proporcionales, así como el respeto de los derechos fundamentales”. Añadió que el proyecto “incorpora salvaguardas orientadas a prevenir la configuración de medidas que puedan implicar censura previa o afectar de manera desproporcionada la privacidad”. Es decir, el borrador intenta enviar un mensaje doble: reforzar la protección de menores sin convertir esa protección en vigilancia masiva ni en limitaciones desmedidas sobre la libertad de expresión o la privacidad de los usuarios.
El borrador también propone acuerdos de corregulación con la industria del software y con los proveedores de servicios digitales. De acuerdo con el comunicado, se busca “promover la articulación con la industria del software y los proveedores de servicios digitales para la adopción de estándares de seguridad desde el diseño, orientados a la mitigación de riesgos tecnológicos emergentes, sin imponer cargas desproporcionadas a la innovación tecnológica”. En otras palabras, el Gobierno pretende que las plataformas adopten medidas de seguridad desde la concepción misma de sus servicios, sin que eso se traduzca, al menos en el papel, en trabas excesivas para el desarrollo tecnológico.
Aunque en la discusión pública se habló de que las grandes plataformas podrían verse obligadas a entregar datos sobre menores, el texto base de la ley y el comunicado de MinTIC apuntan más a esquemas de coordinación institucional, obligaciones de reporte y adopción de buenas prácticas que a una prohibición directa del acceso. La ley, por ejemplo, establece responsabilidades para el Ministerio TIC y para la industria del software, incluyendo acciones para ofrecer acceso seguro, proteger a los menores de daños en línea, resguardar su privacidad y promover prácticas éticas de diseño. También fija la obligación de presentar informes anuales sobre las acciones adelantadas para el desarrollo de entornos digitales seguros y saludables.