La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Mario Castaño, exsenador del Partido Liberal, quien confesó haber liderado una red criminal con alcaldes, ciudadanos y funcionarios para apropiarse de millonarios recursos del Estado.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al senador Mario Alberto Castaño Pérez a una pena de 15 años y 11 meses de prisión, al analizar los 19 delitos en los cuales aceptó cargos, tras acogerse a sentencia anticipada por hechos de corrupción en contratación.
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La Corte lo condenó por los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor, estafa agravada como determinador, peculado por apropiación consumado, -en algunos eventos como coautor interviniente y en otros como determinador-, peculado por apropiación en grado de tentativa como determinador y concusión en calidad de autor. En la sentencia de primera instancia, la Sala también lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena, así como al pago de una multa de $1.060 millones de pesos, negándosele la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
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La Sala Especial de Primera Instancia determinó que la prueba recaudada en este proceso soportó la aceptación de cargos realizada por el senador Mario Castaño, y condujo a la certeza sobre su responsabilidad penal en las conductas punibles que se le endilgaron. Respecto al delito de concierto para delinquir agravado, la Sala encontró acreditada su responsabilidad penal señalando en la sentencia que, valiéndose de su cargo como senador de la República, Castaño Pérez lideró entre los años 2020 a 2022 una organización delictiva a través de la cual, en asocio con otras personas, acordó cometer diversos delitos, varios de ellos contra la administración pública.
La Corte consideró que su posición política le permitió tener contacto con diversos actores del sector público (alcaldes y funcionarios) y, a través de un entramado burocrático, interferir en diferentes procedimientos administrativos y de contratación que le facilitaron a la organización alcanzar su cometido delictivo y obtener provecho ilícito en detrimento del patrimonio del Estado.
Frente al delito de estafa agravada, la Sala evidenció que el senador Castaño determinó a los particulares Nova Lorena Cañón Reyes y James Peña Garzón a realizar artificios y engaños que llevaron a funcionarios del Ministerio de Cultura a creer equivocadamente que los dineros del proyecto de la Escuela Taller Salamina serían destinados de manera íntegra a ese propósito, cuando en realidad parte de esos recursos fueron desviados al patrimonio de Castaño Pérez y al de quienes intervinieron en el hecho, obteniendo así un provecho ilícito.
Al exsenador Mario Castaño y quienes hacía parte de su red de corrupción se les señala de cobrar dineros por gestionar y lograr la adjudicación contratos y por exigir cuotas a personas desempleadas para poder ser ubicarlas en diferentes cargos públicos.
