La Procuradora General Margarita Cabello, dijo que mantiene su función constitucional de investigar y fallar las investigaciones disciplinarias que se adelanten contra funcionarios públicos, incluidos los de elección popular y así respondió al Presidente Gustavo Petro, a los congresistas del Pacto Histórico y otros voceros de diversos sectores que dicen ser afectados por sus decisiones y que afirman que ella no tiene competencias para inhabilitar a sus dirigentes.
Así lo reiteró la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, durante su audiencia pública de rendición de cuentas 2022, en la que recordó que esta función ha sido ratificada por la Corte Constitucional, adicionándole la necesidad de que las decisiones sancionatorias contra servidores de elección popular sean remitidas al Consejo de Estado para su verificación.
”Estamos, hoy más que nunca, más fuertes en la función disciplinaria y así la ejerceremos cuando a ello haya lugar frente a los fuincionarios de elección popular», subrayó.
Según la Procuradora, su entidad «inicia, adelanta, juzga y falla las investigaciones por faltas disciplinarias presuntamente cometidas por los servidores públicos , incluidos los de elección popular».
Cabe recordar que el Presidente Gustavo Petro había afirmado en su cuenta de Twitter aue lo «actos administrativos que suspendan congresistas del Pacto Histórico quitando su voto, como mencioné, no los emite ni los emitió el Consejo de Estado, los emitió la Procuraduría violando el efecto de la sentencia de la CIDH y la Convención Americana, que el Consejo de Estado ha defendido en sentencia».
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La Procuradora por su parte, reiteró que la función misional fue «sacada o elaborada y trabajada en la la Asamblea Nacional Constituyente y plasmada en el artículo 277 numeral 6o de la Constitución Política ha sido ratificada por la Corte Constitucional, ratificando además sus sentencias y sus precedentes jurisdiccionales, adicionándole la necesidad de que las decisiones sancionatorias contra funcionarios de elección popular deben ser dentro de los 30 días siguientes envíadas al Consejo de Estado para que sea verficada esa decisión y poder efectuar su ejecución», explicó.
Vea aquí la intervención de la Procuradora General, margarita Cabello:
